La presentación ante la Unidad Fiscal Vera fue realizada por los abogados Sixto González y Agustín Bergel. También apuntaron contra la madre de una menor de edad. La causa se originó en un caso de abuso sexual en la que está imputado un hombre de Fortín Olmos, que dijo ser víctima de un supuesto accionar extorsivo.
Los integrantes del Estudio Jurídico Sixto González & Asociados se constituyeron en querellantes en una causa penal, en representación de N. O. R., un padre de familia de 40 años oriundo de Fortín Olmos, que fue imputado por abuso sexual y cumple prisión preventiva.
En tal sentido, apuntaron contra dos abogados y expolicías, domiciliados en el norte provincial.
Para explicar la trama del caso, dijeron a InfoVera que “N. O. R. fue víctima de una trama oscura, que consistió en el conjunto de acciones extorsivas desplegadas por dos profesionales del derecho y exempleados policiales, en complicidad activa de la exconcubina”, de su cliente.
Esto ocurrió entre el 1 de septiembre de 2022 y el 2 de octubre del mismo año, fecharon los apoderados legales González y Bergel, y acto seguido desarrollaron que “en fecha 30 de septiembre de 2022 N. O. R, después de asistir a una carrera de caballos en el hipódromo denominado ‘La Ilusión’, fue interceptado por una persona que le dijo que se apersonara de inmediato en un estudio jurídico”.
“Lo curioso y raro fue que era un domingo a la madrugada y ambos abogados no tenían ningún tipo de relación profesional ni jamás le habían brindado un servicio jurídico previo a Ramírez”, expusieron, y asentaron que “la urgencia del mensaje para asistir fue que lo iban a detener por una causa de abuso sexual contra su hija”.
Sobre ese punto, los profesionales agregaron que “la charla informal, turbia y espuria fue en la madrugada del lunes, con la cual le comunicaron a N. O. R. que había cometido un abuso en perjuicio de su hijastra”.
“En secreto”
En la prosecución de su descripción de los hechos, apuntaron que “los abogados le ofrecieron mantener en secreto el delito a cambio de firmar un convenio cuyo contenido era plasmar el consentimiento de la víctima menor de edad de no denunciar el abuso, y para que eso se hiciera efectivo efectivo N. O. R. tenía que abonar la suma única de 10.000.000 de pesos o en su defecto debía entregar su camioneta Toyota Hilux con su respectiva documentación a los profesionales en cuestión”.
Ante la advenimiento de estas novedades, al día siguiente del encuentro N. O. R. se presentó espontáneamente ante la Fiscalía de Vera con un escrito poniéndose a derecho conforme al Código Procesal Penal, citaron.
Fue ese mismo día que N. O. R. recibió un llamado de uno de los expolicías y abogado diciéndole que “la cosa estaba mucho peor y que, si el dinero no aparecía, esto no va a salir a la luz”, citándolo nuevamente las oficinas para ver cómo serían las negociaciones con la madre de la víctima, reseñaron los querellantes.
A es altura, al concurrir nuevamente decidió grabarlo, o sea que “se dio cuenta que estaba siendo extorsionado por personas que no conocía y que jamás le mostraron sus respectivos títulos de profesionales, y no entendía su interés en esta situación ya que se mostraban como una especie de mediadores entre ambas partes”, añdieron.
Fundo rural
En horas de la mañana, en su oficina, los abogados “le dijeron que la situación no daba para más” y que “en la semana había que efectuar el pago de la suma de dinero o entregar la camioneta o el campo de su propiedad, un fundo rural de 45 hectáreas”, para que “esto quedara en secreto”, continuaron los Dres. González y Bergel, reflejando lo considerado en el escrito que ingresaron a la sede del Ministerio Público Fiscal.
Ya con asesoramiento, N. O. R. pidió tiempo para conseguir el dinero y forma de pago, conducta que fue dirigida a seguir las conversaciones y recabar evidencias para efectivizar la denuncia correspondiente, puntualizaron.
En la presentación ante la Unidad Fiscal Vera, los abogados querellantes incluyeron la transcripción de mensajes de teléfono con los que habría sido contactado N. O. R: “Gracias a eso, tuvimos evidencias de la ilegalidad de la burda maniobra pretendida, ya que como profesionales del Derecho en incomprensible querer finiquitar una cuestión de integridad sexual a través de un contrato firmado por menor de edad, y dándole entender a Ramírez que si la menor hablaba él podía apersonarse en sede civil y manifestar el incumplimiento contractual”.
Presentación espontánea
Hicieron constar que “jamás hubo pedido de Cámara Gesell para el 11 del octubre de 2022”, y que en la tarde de ese mismo día N. O. R se presentó a la policía, realizó la denuncia correspondiente y la entrega voluntaria de su teléfono.
Ante esa acción, los dos abogados “realizaron una denuncia por un abuso sexual simple que recayó en la fiscalía del Dr. Nicolás Maglier, pero que no procedió por cuestiones técnicas, por falta de antecedentes y de pruebas de cargo. Días después, hicieron una nueva denuncia por abuso sexual con acceso carnal agravado, que ameritó la detención de N. O. R.”, que sigue detenido al día de hoy, refirieron.
Luego, un mes después, estos abogados “decidieron desplegar un conjunto de acciones ilícitas de una gravedad absoluta, ya con una persona detenida, sacaron a la luz su petición ilícita intentando blanquearla a través de ‘múltiples litis”, improcedente en sede civil, de un compensación económica de 10.000.000 de pesos”, concluyeron los querellantes, que anticiparon el pedido de nuevas medidas en el marco de la causa.
