El fiscal regional Rubén Martínez realizo el balance anual correspondiente a la IV Circunscripción Judicial. Puso el foco en que la falta de fiscales atenta contra la prestación de un servicio de justicia “eficiente y oportuno” para el norte. A 8 años de la implementación del nuevo sistema penal, dijo que resta aún un “largo trecho” para consolidarlo. Apuntó sus críticas al accionar de la policía en las investigaciones penales. También cuestionó la labor de los jueces. Violencia de género y anuncios.
El jefe de los fiscales de la IV Circunscripción Judicial presentó en conferencia de prensa el Informe Anual de Gestión correspondiente al año 2021, con datos estadísticos y teniendo presente que, tras haber transcurrido más de ocho años de la implementación del nuevo proceso penal en la provincia, “resulta necesario realizar una evaluación del mismo, su estado, sus dificultades y logros”.
El fiscal regional Rubén Martínez aseguró que “no existe duda alguna del éxito del nuevo sistema procesal. Hoy contamos con un proceso moderno, democrático adecuado al contexto que vivimos, con una visión y misión institucional, clara y precisa, con valores, buscando eficiencia” y la implementación de una política de persecución penal estratégica a cargo del MPA., con oralidad, publicidad y consabida transparencia.
Sin embargo y pese a “indudable éxito” en el cambio de paradigma que representa el proceso acusatorio, éste “no estuvo exento de críticas, falta de comprensión y adecuación, intentos de contrarreforma, falta de apoyo en las decisiones para la asignación de los recursos necesarios”, admitió el funcionario, a lo que agregó la comparación de los resultados obtenidos y el control legislativo sobre el desempeño de los órganos fiscales. entre otras cuestiones.
“Se ha avanzado muchísimo, pero resta aún un largo trecho para consolidar el sistema”, auscultó en su anuario, en tanto que posó su mirada crítica muchos actores y organizaciones del Nuevo Sistema Penal, ya sea por sus estructuras, hábitos o protocolos “continuaron actuando como lo venían haciendo antes de la reforma, lo cual dificultó o atrasó su adecuación al nuevo esquema. Ello constituye para mi visión los principales obstáculos externos que dificultaron la labor del MPA”.
En otro apartado, el Dr. Martínez admitió la existencia de dificultades de gestión para dentro y hacia afuera del organismo, instó a los órganos directivos a llevar a cabo una “profusa tarea de política institucional” para hacer comprender a los demás organismos y poderes del estado, su problemática, las soluciones propuestas, su funcionamiento, sus fortalezas y debilidades, y enfatizó que “no se puede actuar en el nuevo paradigma del proceso acusatorio con la mentalidad del proceso anterior”.
A renglón seguido, se adentró en una de los temas medulares de su informe que, además, constituye un reclamo histórico de la región: “La Cuarta Circunscripción Judicial tiene solamente el 50 por ciento de la plantilla de fiscales que le corresponde, asimismo cuenta con un escaso número de empleados administrativos, todo lo cual surge del relevamiento de dichos recursos, dispuestos por las vacantes existentes, las leyes en vigencia y la comparación con otras Regionales como las de Rafaela (Región 5) o Venado Tuerto (Región 3) que, tanto en territorio como población, son similares”, comparó.
La carga de trabajo asciende a unos 14.000 legajos anuales entre la sedes de Vera, Reconquista y Las Toscas, precisó, y evaluó que si se coteja la población objetivo de la labor del MPA con la dotación de fiscales y personal administrativo, a todas luces resulta “insuficiente para brindar un servicio eficiente y oportuno, teniendo presente que internacionalmente se estima un fiscal por cada 17.000 habitantes y el mismo debería contar con tres empleados administrativos que lo asistan en sus funciones”.
Violencia de género
Para el titular de la MPA en el norte provincial, se trata en consecuencia de poner en crisis el sistema patriarcal vigente desde mucho tiempo atrás, el que definió pautas culturales sociales basadas en el poder estructural que ejerce el hombre sobre la mujer, eliminando los estereotipos de género que supone comportamientos y actividades delimitadas a un género en particular, anulando la participación o intervención del género más débil.
“La violencia de género es una problemática que se ha convertido en prioridad para el MPA. Una denuncia es, en muchos casos, una luz roja que da noticia de la potencial sucesión, cada vez más intensa y grave, de episodios de violencias que no han sido denunciados previamente por el estado de sumisión y vulnerabilidad en el que se encuentra la víctima”, consideró.
El tal sentido, aseveró que “esto debe ser considerado una alerta considerable que evite la consecuencia más temida, el femicidio”. “En nuestra circunscripción los delitos cometidos en un contexto de violencia de género, tienen una importancia cuantitativa y que va en aumento, lo que motivo que en abril del año 2019 la Fiscalía Regional resolviera la creación de una Unidad Fiscal Especializada de Violencia de Genero, Sexual y Doméstica, en consonancia con la Fiscalía General, que considera esta cuestión como prioritaria en el marco de las políticas de persecución criminal”, completó.
“Compartimentos estancos”
El fiscal regional dedicó un párrafo especial a la labor policial en el que sostuvo que “el nuevo esquema procesal necesita de una policía en función judicial profesionalizada, democrática y especializada en las distintas materias”, y destacó que “se ha avanzado en forma exponencial”, empero aclaró que “para alcanzar un funcionamiento como lo requiera el sistema aún falta mucho”.
Al respecto, detrajo que, a pesar de los años transcurridos del nuevo sistema, a pesar de las múltiples capacitaciones que se brindan, el MPA en su conjunto “no está satisfecho con la intervención de la policía, opinión que comparto; a los uniformados le cuesta entender que la labor investigativa comienza con la propia denuncia y que esos primeros actos pueden ser decisivos a la hora de que el fiscal deba llevar el caso a juicio”.
En esa línea, profundizó que “les cuesta coordinar funciones entre ellos, no existe hábito de trabajo en conjunto, como si las distintas reparticiones, como Policía Vial, Guardia Rural Los Pumas, Comisaría de la Mujer, Agencia de Trata, Agencia de Investigación Criminal, Brigada de Femicidio, delitos complejos, delitos cibernéticos, estafas virtuales, narcocriminalidad, fueran compartimientos estancos”.
La delincuencia, especialmente las bandas y asociaciones ilícitas se organizan, coordinan y muchas veces “nos llevan la delantera, por lo que cual entiendo que lo expuesto es no solo correcto sino urgente e imprescindible”, consignó el regional, y propuso que “por tal motivo debe reforzarse en recursos humanos y tecnológicos al Organismo de Investigaciones, incluyendo a la Delegación Regional existente en la Cuarta Circunscripción Judicial”.
primera instancia (desde el 10/02
Anuncios
Por disposición del Fiscal General, en la ciudad de Reconquista se implementará un Oficina de Análisis Forense y un Laboratorio Biológico Forense, que incluso podrá ser utilizado por el Juzgado Federal, lo que representará un notable avance en las investigaciones.
Narcocriminalidad
En la lucha contra el crimen organizado, es imprescindible actuar en coordinación con los fiscales y jueces federales. No se trata de asumir competencia material ajena como es el caso de la narcocriminalidad, sino de establecer una coordinación en las tareas investigativas que permiten optimizar los siempre escasos recursos con lo que contamos. No podemos dejar de señalar que la relación de los delitos comunes con la narcocriminalidad es cada vez mayor, por lo que se requiere mostrarse unidos frente a tales flagelos.
A los jueces
En referencia a los problemas que enfrenta el nuevo sistema, el fiscal regional mencionó los inconvenientes técnicos jurídicos que diariamente surgen en las audiencias judiciales y que “es necesario remarcar, asumir y superar para mejorar el sistema todo”.
Puntualmente, citó que “este año han sucedido algunos casos donde claramente se obliga al MPA a cumplir con algunos principios y capacitaciones, pero se olvidan otras obligaciones tales como dictar los fundamentos de las sentencias en el tiempo legal, cumplir acabadamente con el rol en las audiencias preliminares para que estas cumplen su objetivo de control y filtro de la acusación de las pruebas a producirse en el debate y no un mero trámite burocrático”.
Asimismo, reclamó a los jueces una unificación de criterios en algunos temas puntuales, tales como la determinación de la prueba documental, la material, las declaraciones previas, criterios comunes sobre la prisión preventiva, etc.
“Podría como máximo responsable del MPA en nuestra circunscripción efectuar las denuncias ante el organismo encargado de supervisar el desempeño de los magistrados, pero prefiero hacer comprender la necesidad de mejorar en este aspecto antes de que la situación pueda tomar otro camino”, advirtió.
“Es motivo de preocupación la utilización de las redes sociales por parte de fiscales y funcionarios del MPA”. Fiscal regional Rubén Martínez.
Responsabilidad social
La comunicación debe ser fluida y permanente, con la prensa, con las organizaciones de víctimas, con las mismas víctimas, con otras organizaciones ambientales, empresariales, municipalidades, comunas, ONGs, etc., pero “siempre resguardando los principios legales, otorgando la información que pueda brindarse sin dañar los principios legales y cumplir con nuestro deber de “objetividad”, por lo que apeló a la “responsabilidad social, la de brindar información veraz evitando crear conflictividad”.
10/02/2014 al 31/12/2021).
