Así lo planteó el MPA en una audiencia de apelación realizada esta mañana ante el camarista Sebastián Creus. Las personas investigadas son los directivos de una firma de explotación arrocera a quienes también se les endilga haber causado inundaciones en la zona y daños materiales en una vivienda.
La Fiscalía manifestó su oposición a la suspensión de juicio a prueba propuesta por la Defensa de tres personas investigadas por haber construido terraplenes ilegales que provocaron estragos en la localidad de Colonia Teresa (departamento San Javier) y el derrumbe de un tramo de la ruta provincial número 1.
El MPA expresó su postura en una audiencia de apelación que se realizó esta mañana ante el camarista Sebastián Creus en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. Tras haber escuchado a las partes –Fiscalía, Defensa y Querella, constituida por representantes del gobierno provincial y de tres víctimas–, el magistrado deberá resolver y brindar sus fundamentos por escrito.
Los acusados son un hombre de 69 años, de iniciales RAC, que es el presidente de una industria de explotación arrocera; una mujer de 61, de iniciales MAN, que es la vicepresidenta titular de la firma; y un hombre de 64, de iniciales RFC, que es el vicepresidente suplente.
Ofrecimiento ínfimo
La Fiscalía afirmó que “la posibilidad de resolver este conflicto a través de una solución no punitiva –como es la suspensión de juicio a prueba– no se corresponde con la magnitud del daño que causaron los empresarios con su accionar delictivo” y agregó que “por eso rechazamos este planteo de la Defensa”. En tal sentido, el MPA remarcó que “los querellantes coinciden con nuestro planteo”.
Según lo indicado por la Fiscalía, “mientras que en un eventual juicio oral y público solicitaremos penas de cinco años de prisión y multas por un total de 270.000 pesos, la Defensa ofreció evitar esa instancia a cambio de kilos de arroz que los empresarios estarían dispuestos a donar a una entidad de bien público”. Asimismo, se remarcó que “la propuesta de los acusados es hacer esa donación ‘en la medida de lo posible’”.
“La reparación propuesta tiene un valor ínfimo en relación a los perjuicios sufridos por otros ciudadanos y por el Estado provincial a raíz de las conductas ilícitas”, aseveró la Fiscalía. “Si bien el daño económico será calculado por la Querella, está documentado que el Estado debió destinar por lo menos 34 millones de pesos al arreglo de alcantarillas y tramos de la ruta deteriorados por los delitos que investigamos”, mencionó.
El MPA destacó que “debido a las construcciones ilegales que realizaron los acusados, quedaron incomunicadas varias localidades, lo cual impidió tanto el tránsito de personas como el traslado de animales y de productos”. Además, cuestionó que “la Defensa pretenda desacreditar la grave afectación al medio ambiente que los acusados generaron en favor del lucro propio”.
Informe incompleto
En la audiencia de esta mañana, profundizó en recurso de apelación presentado por el MPA en relación a un informe técnico ofrecido por la Defensa como medio de prueba por y que fue aceptado en la audiencia preliminar.
El MPA enfatizó que “cuando fue enumerado entre los elementos que respaldan a los empresarios investigados, el documento estaba incompleto”, y agregó que “el juez de primera instancia estableció un plazo de dos meses para finalizarlo”.
“Entendemos que no pude valorarse como medio de prueba un escrito cuyo contenido y pertinencia se desconocen”, señaló la Fiscalía. “Por otra parte, la Defensa dio cuenta de la producción del informe apenas dos días antes de la audiencia preliminar, lo que obstaculizó toda posibilidad de control y la proposición de testigos especializados”, añadió.
Obras ilegales
En cuanto a los hechos investigados, el MPA recordó que “los acusados levantaron terraplenes de más de seis kilómetros de extensión alrededor del predio rural en el que está instalada su empresa”, y detalló que “los montículos de tierra llegaron a tener dos metros y medio de altura”.
Se narró que “desde 2007, las personas investigadas construyeron sin autorización canales de riego y desagüe y un canal de derivación de alrededor de tres kilómetros de largo con desembocadura en la cuneta oeste de la ruta provincial número 1”.
“Las obras que resultaron de la conducta delictiva obstruyeron el escurrimiento natural de las aguas del cauce del arroyo Saladillo Dulce y provocaron una desviación de caudales hacia el río San Javier”, explicó la Fiscalía.
El MPA aseguró que “en enero de 2019, la situación irregular llevó a que se generara un dique aguas al norte de los terraplenes y a que se destruyera un tramo de la ruta provincial número 1 luego de que una alcantarilla localizada en el kilómetro 190 superara ampliamente su capacidad”.
“Las construcciones ilegales produjeron daños materiales en una vivienda y la inundación de campos ubicados al norte del predio de la industria que dirigen los acusados”, sostuvo la parte acusatoria. Asimismo, destacó que “las circunstancias atípicas hicieron peligrar el casco urbano de Colonia Teresa”.
Estrago y daño
Los tres directivos de la industria de explotación arrocera son investigados y fueron acusados por la Fiscalía por la coautoría de los delitos de estrago doloso; daño calificado y daño simple.
Juicio
Si el camarista rechaza el requerimiento de la Defensa para que los acusados sean beneficiados con suspensiones de juicio a prueba, se deberá desarrollar el juicio oral y público en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. La programación de la fecha de inicio del debate y el sorteo del tribunal serán realizados oportunamente por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ).
