La Fiscalía de Delitos Complejos de Rosario imputará hoy a directivos de Vicentin y Renova en el marco de una investigación sobre el destino de los granos que la empresa Commodities entregó en 2019 a la empresa propiedad del holding agroexportador de Avellaneda y la multinacional Viterra (ex Glencore).
La audiencia imputativa se realizará hoy en el Centro de Justicia Penal y es una derivación de la causa penal abierta contra los responsables de llevar a Vicentin al default por defraudación y estafa.
Los directivos de la cerealera ya se sentaron en el banquillo de los acusados a fines del año pasado, cuando fueron imputados por el fiscal Miguel Moreno, en una audiencia en la que el juez Román Lanzón impuso fuertes medidas cautelares, con fianzas que llegaron a u$s 10 millones.
La audiencia de hoy tiene que ver con otro aspecto de esa investigación. La cerealera Commodities, el mayor acreedor comercial privado de Vicentin y querellante en la causa penal que se lleva adelante en la Justicia penal de Rosario, denunció la cesión irregular de contratos de compraventa de granos desde Renova a Vicentin, sin autorización de los vendedores.
La investigación tiene valor en sí misma pero también es clave para analizar la relación entre Vicentin, Renova y la ex Glencore, estrecha antes, durante y después del extraño default del grupo de Avellaneda en diciembre de 2019, por u$s 1.500 millones.
Horas antes del default, Vicentin vendió el 16,6% de sus acciones en Renova a una empresa controlada por Glencore. Ese pase de manos entre firmas de ambos conglomerados generó desde el principio las sospechas de investigadores y acreedores como parte de una maniobra de vaciamiento.
Altos directivos de Vicentin, como Daniel Buyatti y Máximo Padoán, eran en ese momento directivos de Renova, la empresa que opera la planta de procesamiento de granos oleaginoso más grande del mundo. También Glencore (ahora Viterra) nutrió a esa conducción con altos directivos, como Sergio Gancberg, Diego Mejuto y Daniel Pájaro.
Para la audiencia fueron citados Yanina Colomba Boschi, Daniel Buyatti, Martin Colombo, Cristian y Máximo Padoan; Pedro, Roberto y Sergio Vicentin, Miguel y Miguel Victor Vallazza, Omar Scarel (este último actual presidente del directorio). Roberto y Javier Gazze, Alberto Macua, Sergio Grancberg, Diejo Mejuto y Daniel Pájaro
La anterior audiencia
En octubre pasado, el fiscal de delitos económicos Miguel Moreno imputó por distintos delitos que van desde la confección de balances falsos hasta la defraudación y estafa a 14 personas que integraban la conducción de Vicentin cuando se produjo el “súbito” estrés financiero que la llevó al default en diciembre de 2019, por u$s 1.500 millones.
La Fiscalía consideró acreditado, luego de una investigación de un año y medio, que los problemas financieros de la cerealera no se desencadenaron durante tres meses de furia de aquel año sino que se arrastraban desde 2017. Y que fueron ocultados a los acreedores financieros y granarios para seguir recibiendo préstamos y granos. Por eso, si en el transcurso del juicio se demuestra esta acusación, las penas que podrían caber a algunos de los responsables de la compañía podrían llegar hasta los 50 años, según señalaron desde el Ministerio Público.
Los hechos imputados tienen su origen en denuncias de cinco bancos extranjeros que otorgaron préstamos a Vicentin por un total de casi u$s 500 millones para prefinanciar exportaciones, en una presentación similar del Banco Macro; y en la querella de empresas agropecuarias que entregaron granos a la cerealera y no los cobraron, con el agravante de que esta mercadería era recibida hasta apenas horas antes del default. Se suma una denuncia por apropiación indebida de impuestos contra uno de los directores.
La pregunta fundante del fiscal Moreno fue la misma que se realizaron distintos veedores y auditores que participaron del concurso preventivo de la cerealera, y que pueden resumirse en el informe final de la auditoría forense que encabezó el especialista Daniel Arelovich: ¿Qué llevó a una empresa que en sus estados contables y en sus comunicaciones públicas mostraba solidez y expansión económica, a desbarrancarse en tres meses, entre julio y octubre de 2019, cuando su balance perdió patrimonio neto por más de u$s 900 millones?
La respuesta de la auditoría, de los querellantes y del fiscal es que el desmoronamiento no fue súbito. Más bien, la declaración de estrés financiero, la apertura del concurso y la presentación tardía (nueve meses después de abrirse el proceso de convocatoria) del balance correspondiente a 2019 transparentaron una difícil situación financiera, que se arrastraba desde hacía unos dos años.
En la denuncia señalan que esas dificultades se ocultaban a los acreedores a través de distintos mecanismos. Uno de los más relevantes era el de no contabilizar las deudas contraídas con los proveedores de granos contratada bajo la modalidad de precio a fijar. “Tomaban granos y los registraban como activos pero no contabilizaban lo que debía antes de fijar precio y pagar”, explicó Moreno.
El fiscal citó a la auditoría forense, que analizó los estados contables presentados a los bancos extranjeros. En once trimestres, entre 2016 y mediados de 2019, la compañía expuso un activo corriente que crecía “en forma consistente”, promediando u$s 1.000 millones entre julio de 2018 y 2019. El pasivo, en cambio, se mantenía en niveles que les permitían mostrar ratios de solvencia y liquidez acordes a lo exigido por los estándares nacionales.
Otra maniobra denunciada era “compensar” las transferencias entre Vicentin Saic, la concursada, y las empresas “non core” (una veintena de sociedades vinculadas), de modo de mostrar mejores números en los períodos de presentación de estados contables a los bancos internacionales. Estos habían firmado contratos marco de préstamos con la cerealera, para ser usado con fines específicos. Y se desembolsaban en la medida que se mostraran los números.
En ese punto, Moreno reafirmó que de la evidencia recogida en los allanamientos realizados en distintas oficinas de Vicentin surge que directores y ejecutivos de la firma calculaban la tenencia de granos y los montos de deuda por precios a fijar con un criterio diferente al que se reflejaba en los estados contables. También se tomó en cuenta la información provista por acreedores granarios. En base a esto se concluyó que no se “visibilizaron” pasivos por compra de granos con precio a fijar por 2,18 millones de toneladas en 2017 y 1,76 millones en 2018.
Con estos datos puestos, los pesquisas desandaron el camino de atrás para adelante y ya no les resulta tan sorprendente que en un año, entre octubre de 2018 y 2019, los inventarios cayeran un 93%, de 1,34 millón de toneladas a 180 mil, y que las deudas comerciales registrara un aumento de 1.600%, de u$s 32 millones a u$s 572 millones.
La creatividad para contabilizar activos y pasivos permitió, según la Fiscalía, engañar a los acreedores financieros. Y se sumó a otros “eventos” denunciados, como el caso de ING, que fue cobrarse la deuda con activos que Vicentin había cedido a Cargill y se encontró con que ya estaban cedidos al fondo de inversión BAF, cercano a la cerealera.
Pero las maniobras golpearon directamente a los acreedores comerciales, que entregaron sus granos y no pudieron cobrarlos. Commodities SA, con una acreencia de u$s 56 millones, es el querellante de mayor envergadura en este segmento, dentro del juicio que se sustancia en los tribunales rosarinos. Cuatro Hojas, La Clementina, Olzen y Maniagro fueron los denunciantes más precoces. La acusación más fuerte es que Vicentin les seguía recibiendo el grano hasta horas antes de declarar el estrés financiero, aun cuando sabía que no los podía pagar.
El gran robo de granos
En el caso de Commodities, Moreno citó durante la imputación un caso que consideró extraño. Parte de lo que le debe Vicentin, unos u$s 19 millones, se generó por granos entregados en depósito a Renova, la empresa de la que era propietaria junto a Glencore hasta poco antes de declarar el “estrés” financiero. Aunque la cerealera defaulteada vendió su participación en esa firma, asumió la deuda con los acreedores granarios.
El fiscal de Delitos Económicos, en sintonía con los querellantes, aseguró que tienen probado que el grupo Vicentin, que involucra a la empresa concursada y las sociedades vinculadas con sede en el país y en el extranjero, estafó a los acreedores y falseó información contable. En el caso del ex director Danial Buyatti, también fue imputado por apropiación indebida de impuestos.
Si bien el juez Román Lanzón rechazó el pedido de prisión preventiva que realizó la Fiscalía de Delitos Económicos de Rosario para seis directivos y ex directivos de Vicentin imputados por estafa, les fijó una fianza de u$s 10 millones, el doble de lo ofrecido por sus abogados defensores. Tampoco pueden salir del país. Se trata de Daniel Buyatti, Roberto Gazze, Javier Gazze, Alberto Macua y Miguel Vallazza y Omar Scarel.
También se prohibió salir del país a otros ocho imputados: Roberto Vicentin, Pedro Vicentin, Sergio Vicentin, Máximo Padoan, Cristian Padoan, Yanina Boschi, así como a Rodolfo Boschi y Robertino Boschi.
La causa penal que se tramita en los tribunales provinciales de Rosario es quizás la más activa de las que involucran a Vicentin. En la Justicia Federal de Comodoro Py se investiga a sus directivos y a ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri por el perjuicio ocasionado al Banco Nación, principal acreedor individual de la empresa. La entidad financiera también realizó una presentación en los tribunales provinciales pero de la ciudad de Santa Fe y, en un intento por hacer pie en el distrito en el que se ve más voluntad de investigar, pidió recientemente al fiscal Moreno que investigue el rol de la auditora externa de Vicentin, KPMG, en el tortuoso proceso de caída del coloso granario. También hay causas en Reconquista, impulsadas por la Afip.
