Nuevos desafíos para la Justicia santafesina

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Santa Fe +Justicia es un programa que tiene como premisas la inclusión e integración ciudadana junto con el mayor acceso a la justicia e información ciudadana.

El acta acuerdo que rubricarán los tres poderes del Estado, define una serie de acciones para  para lograr los objetivos, que propone Santa Fe+ Justicia. De modo que el Estado, procure todas las soluciones posibles para que  aquellos sectores en condiciones de vulnerabilidad, sin posibilidad de  acercamiento y conexión a áreas de justicia formal.

Teniendo en cuenta la mayor demanda de la ciudadanía, sobre  la  actuación  del  Poder  Judicial,  respecto  a  que  las decisiones sean justas, que las mismas se emitan en tiempo oportuno y sus órganos jurisdiccionales resulten accesible,  el acta se enmarca en el compromiso de abordar los desafíos que seguidamente se puntualizan en aras de lograr un mejor acceso a la justicia:

El primero de todos es la informatización y digitalización del Poder Judicial. La conectividad, como herramienta para el acceso a la justicia en la geografía provincial, resultará vital para fortalecer, mejorar y hacer crecer a la justicia comunitaria.

Conectividad y los Procesos Penales: El proceso de informatización emprendido por el Poder Judicial debe  ser acompañado, no sólo en las áreas civil, comercial y laboral, sino debe  encararse seria y definitivamente en el proceso penal, en su enlace con el  Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público de Defensa Penal.

El segundo está referido a la Información Ciudadana: se debe paliar la dispersión entre la información ciudadana y estatal, de  registros  sobre  datos  humanos  y  sobre  bienes gestionados desde distintas oficinas y jurisdicciones estatales. EL desafío  es  consolidar  una  unidad  de  organización  que contenga  todos  los  datos  que  instruya  el  Estado  en  sus  diversos quehaceres, ámbitos y jurisdicciones para concentrar no sólo su acción sino una más fácil y ágil acceso a la información.

El Abordaje del Mapa Judicial, como tercer desafío, plantea la necesidad de valorizar y atribuir una mayor competencia a los Juzgados Comunitarios de Pequeñas causas, cuya jurisdicción  merece  su  atención  y  evaluación  de  un  diseño  actual incorporado al proceso de informatización y comunicación virtual a fin de dotarlos con mayor competencia.

Los desafíos procesales que se presentan, requerirán de consenso para avanzar  hacia nuevas normas, que demanda la ciudadanía en su conjunto, tales como:

–  Código para consumidores: advirtiendo un creciente número de conflictos que se originan cuando el ciudadano participa en el mercado de consumo, donde el aspecto dominante de la vinculación lo tienen empresas proveedoras masivas de bienes, productos y servicios, obligando a repensar esta correlación de fuerzas a través de un Estado presente, que induzca a un ámbito ecuánime de diálogo y moderación, facilitando la solución pacífica de los conflictos originados en la relación de consumo.

– Código Electoral y otro que consolide los Procesos Constitucionales: Teniendo en cuenta que la vinculación de los ciudadanos y el Estado  en el orden público, tiene que ver con la carga que tiene cada uno de ellos  en participar en los procesos electorales, para conformar sus propios  gobiernos,  lo  cual  requiere  contar  con  una  normativa  ordenada,  actualizada y única en relación a la regulación de la organización de las  elecciones provinciales y las características de la participación política de la ciudadanía.

-Código Procesal Penal Juvenil, Ley de Ejecución Penal y  una Ley de Víctimas de delitos atendiendo la perspectiva de Género: A nadie escapa el sostenido incremento de hechos delictivos, muchos  de ellos protagonizados por jóvenes entre 16 a 18 años de edad. Ante esta  realidad, el Estado debe asumir un doble rol: contar con una normativa  acorde a la justicia penal adolescente que reconozca sus derechos y  garantías del debido proceso  a quienes se acuse de haber participado en  la  comisión  de  una  infracción  a  la  ley  penal, y  asegurar  que  el  cumplimiento de la pena se desarrolle dentro de los parámetros que fija la convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes.