Los cuatro integrantes de la familia Zabala recibieron condenas en tiempo récord. La justicia también los halló responsables de lavado de activos. La víctima fue una importante empresa de transporte y cultivo de cereales y algodón.
A solo 40 días de haber sido imputados, los miembros de la familia Zabala fueron condenados en un juicio abreviado a penas que van de los 3 a los 5 años de prisión. En tiempo récord, la justicia los sentenció por lavado de activos y estafas reiteradas, en lo que constituye el primer fallo de este tipo en la zona norte de la provincia.
La resolución firmada por el juez penal Santiago Benegas, que homologó el acuerdo entre las partes, fue dictada el 31 de diciembre condenó a Martín Darío Zabala a la pena de cinco años y dos meses de prisión de ejecución efectiva, con más sus accesorias legales, por la comisión de los delitos de “estafas reiteradas, falsificaciones de cheques reiteradas, y lavado de activos agravado por realizarse con habitualidad, utilizando para ello una persona de existencia ideal, atribuyéndosele los hechos descriptos en calidad de autor y en concurso real entre sí”.
En tanto, su esposa, Silvia Graciela Marega, y sus hijos Ezequiel Darío Zabala y Santiago Martín Zabala recibieron una pena de tres años de ejecución condicional por la comisión del delito de “lavado de activos agravado por realizarse con habitualidad, utilizando para ello una persona de existencia ideal, atribuyéndoseles los hechos descriptos en calidad de partícipes secundarios”.
El magistrado los conminó a realizar trabajos no remunerados en favor del órgano de gobierno municipal o comunal del lugar donde fijaren su domicilio, con una carga de seis horas mensuales, y les prohibió tener contacto por cualquier medio con los denunciantes y testigos del legajo judicial
Reparación económica
Además, sancionó a la firma NOA Logística SRL, que los Zabala utilizaron para perpetrar la megaestafa de 122 millones de pesos en perjuicio de la empresa Aníbal Moschén Hnos. SA, con la cancelación de su personería.
Asimismo, ordenó en carácter de reparación económica a la víctima, el libramiento de los oficios o comunicaciones de cualquier tipo que hubiere menester a fin de que se proceda a la “transferencia o cesión, como por derecho corresponda, en favor de la firma Aníbal Moschén Hermanos SA, de la titularidad de bienes muebles e inmuebles” que hasta ahora pertenecían a los Zabala.
Se trata de numerosos camiones con acoplados, dos camionetas de alta gama. E inmuebles ubicados en la ciudad de Santa Fe, a saber: un local comercial ubicado en calle Obispo Gelabert al 2742, un departamento sito en calle Crespo al 3129, dos locales comerciales ubicados en planta baja del edificio ubicado en la misma dirección, otro departamento ubicado en calle Crespo 3129, ubicado en el piso 9. También de varios inmuebles emplazados en Reconquista y una cochera ubicada en la localidad de Gobernador Crespo.
Con esa medida, el juez Benegas entendió que “la damnificada nada más tendrá por reclamar por concepto alguno a los imputados, dándose por íntegramente resarcida de los perjuicios ocasionados”. Por otra parte, dispuso el decomiso de innumerables bienes de la familia condenada tales como motos, una lancha, celulares, computadoras, etc.
Celeridad
El fiscal Leandro Mai, que investigó el caso, destacó la celeridad con que se alcanzó la condena. Había indicado oportunamente que “las estafas que investigamos son maniobras ilícitas cometidas desde enero del año pasado y hasta julio de este año. El imputado trabajaba en una empresa de transporte de cereales y algodón ubicada en Reconquista y se valió de su cargo de empleado para desplegar su accionar delictivo”.
Al momento de la acusación, el funcionario de MPA, dijo que Martín Zabala “ingresó facturación apócrifa al circuito de pago de la firma. Lo hizo mediante operaciones ficticias que carecían de los códigos o documentos necesarios para acreditar el transporte de granos o algodón. También emitía facturas de servicios de fletes no prestados”.
En cuanto al perjuicio económico causado a la empresa, detalló en aquel momento que “fue por la suma de 122.415.805,81 pesos”, y agregó que “para perpetrar el engaño, las facturas fueron emitidas a nombre de personas humanas y jurídicas”.
“De extrema confianza”
En los hechos imputados, el juez Benegas le atribuyó al jefe de familia (Martín Darío Zabala) que aproximadamente desde el mes de enero de 2019 al mes de julio de 2020, valiéndose de su situación de empleado de extrema confianza de la firma Aníbal Moschén Hnos. SA, ubicada en calle Lucas Funes 656 de la ciudad de Reconquista, con una antigüedad en la empresa de aproximadamente de 10 años, en los que actuó como encargado y responsable del área de las operaciones de transporte de cereales y algodón de la firma hasta el mes de julio de 2020, “haber ingresado al circuito de pago de la firma facturación apócrifa por operaciones ficticias (con remitos u cartas de porte duplicados o inexistentes) de transportes de carga de cereales que carecían de código de trazabilidad de granos o que carecían de documento de tránsito vegetal en operaciones por algodón, facturas apócrifas por servicios de fletes no prestados de la cual se valió para provocar el error en la víctima y así desapoderarla mediante inducción, generando una disposición patrimonial injusta que le causó un perjuicio económico a la empresa damnificada por la suma de $122.415.805,81”.
