El Directorio cargó contra la medida judicial. Indicó que va “contra los trabajadores” y denunció “intencionalidad política”. Peligra el bienestar de 5 mil trabajadores, advirtió.
En un comunicado fechado este viernes en Avellaneda, el Directorio del Grupo Vicentin rechazó de plano la medida judicial que dispuso el congelamiento de las cuentas bancarias de la compañía y aseveró que perjudica de los trabajadores de la empresa.
La conducción del grupo señaló que el juez penal de Primera instancia del Distrito Nro. 2 de la Ciudad de Rosario Dr. Hernán Postma ante la requisitoria del Fiscal Miguel Moreno, ha ordenado una “medida más dentro del raid persecutorio teñido de una inocultable intencionalidad política y de una evidente animosidad contra la empresa, sus accionistas, directivos y trabajadores. Le han ordenado al Banco Central el congelamiento de todas las cuentas bancarias de la compañía”.
Sobre ese punto, advirtió que la “consecuencia inmediata de esta medida, arbitraria, absolutamente injusta e inconducente, es la imposibilidad de cumplir con el pago de salarios y aguinaldos de la empresa” y también de otras empresas que nada tienen que ver con Vicentin SAIC, pero que igualmente resultan alcanzadas por esta disposición.
Más adelante, el Directorio sostuvo que los argumentos esgrimidos por el fiscal son “absolutamente falsos”, y aseguró que “no existe ninguna razón ni posibilidad de que se ejecuten ningún tipo de movimientos de fondos que no estén ya controlados por el trámite concursal que atraviesa la empresa”, ni que escapen al control de las auditorías vigentes, del rol de la sindicatura y mucho menos del interventor recientemente designado por el Dr. Fabián Lorenzini, juez del concurso que tramita la compañía en la ciudad de Reconquista.
“No cabe otra posibilidad que concluir que esta sucesión de medidas busca impedir cualquier posibilidad de que la empresa pueda resolver su situación concursal y con ello cumplir con los acreedores y garantizar la continuidad de todas las fuentes de trabajo”, fustigó.
Con igual énfasis, la directiva de la agroexportadora centró su diatriba en el juez y el fiscal interviniente al apuntar que “poco les han importado la tranquilidad y el bienestar de los más de 5.000 trabajadores y familias de Santa Fe, San Juan, Mendoza, Córdoba y Buenos Aires que serán directamente afectados por esta inconcebible decisión. Más allá de las conocidas dificultades financieras que la compañía ha atravesado durante el corriente año, nuestros trabajadores han sido la prioridad y hemos garantizado la conservación de sus fuentes de trabajo y el cobro en tiempo y forma de sus salarios”.
Luego, sentenció que “esta medida irracional no solo agrava la situación de la compañía, sino que implica una destrucción de valor para los propios acreedores, afectando sus intereses y condicionando las posibilidades de alcanzar una pronta solución que pueda satisfacer a todas las partes implicadas en el proceso concursal”.
Por último, el Directorio llamó a la reflexión a los funcionarios judiciales: “Esperamos que quienes han tomado esta medida y quienes de manera irresponsable la hayan alentado, recapaciten a la brevedad, en caso contrario deberán asumir la responsabilidad directa sobre las consecuencias que la misma provoque”.
