Por Darío H. Schueri.
Un ex fiscal rosarino detenido por recibir coimas de un capitalista de juego clandestino declaró durante casi cuatro horas, involucrando a miembros del poder legislativo y probablemente judicial. En el ambiente político rememoran el último gran escándalo político santafesino con el “Caso Vanrell” en junio de 1990.
El gran periodista “Pancho” Ibáñez acuñó el apotegma: “todo tiene que ver con todo”. En la política esa máxima es tan comprobable como la dureza natural del diamante.
Desde que el bloque de senadores PJ – sobremanera el sub sector NES liderado por Armando Traferri – y la Vicegobernadora Alejandra Rodenas, decidieron jugar prácticamente a espaldas del Gobernador de la Provincia Omar Perotti con las leyes (mal denominadas “anti-Saín”) de control de gastos reservados e incompatibilidades, sospechamos que algo podría llegar a pasar. “Los propios no votan contra su gobierno; o no son propios, o no es su gobierno”, resonó en el primer piso de la Casa Gris cuando se supo de aquellas votaciones express.
Asahad: ¿el artífice del “mani pulite” preanunciado por Saín?
El ex fiscal rosarino Gustavo Ponce Asahad, preso por recibir coimas del capitalista de juego clandestino – en libertad – Leonardo Peiti, según algunos analistas psicológicos de reos sintió el abandono, la traición, y lleno de despecho, odio y resentimiento usó el poder de daño que por lo visto ostenta, para “llevarse puesto” a más de uno, empezando por el jefe de la bancada de senadores peronistas Armando Traferri, a quien involucró como organizador de la estructura que conectó al capitalista de juego Peiti, quien declaró como imputado arrepentido, con el ex fiscal regional Patricio Serjal y con él mismo.
El devenir de los acontecimientos dirá si Ponce Asahad decidió poner en jaque a una parte del poder político santafesino aconsejado por sus patrocinadores legales para favorecer su situación, ó si fue azuzado por alguien más.
La grabación de las declaraciones del ex fiscal, almacenadas en un pen drive (que solo se puede abrir con un software especial) fue remitida por la fiscalía a la Legislatura. Este miércoles, el presidente de la Cámara de Diputados Miguel Lifschitz les entregará copias del dispositivo a los presidentes de bloques.
Los efectos del terremoto
“Hace rato que están tratando de involucrarme, pero estoy muy tranquilo”, le refirió Traferri a un periodista, cuando se sospechaba del contenido de las declaraciones de Ponce Asahad. “Esto pasa porque hay un gobierno peronista que no oculta cosas”, deslizó un allegado al Gobernador Perotti.
Un día después que declaró Asahad, el Ministro Saín se adelantaba en su cuenta de twitter contra el diputado Maximiliano Pullaro, calificándolo de “republicano de la farsa” al rememorar escuchas a Pullaro en el año 2017, con motivo de la detención de un comisario mientras el ahora legislador ocupaba la silla de Saín.
Como suele ocurrir con este tipo de sucesos, aún en proceso de expansión, nadie puede imaginar siquiera como seguirá, y mucho menos de qué manera terminará, pero es de imaginar que sin consecuencias no pasará.
¿Cómo lo evalúa el peronismo?. ¿Será este el famoso “mani pulite” que el Ministro Marcelo Saín le prometió a Perotti para su posteridad?. ¿Quedará solo circunscripto al peronismo ó habrá ramificaciones hacia otros sectores de la política y el poder judicial?. “El chancho embarrado busca embarrar a los demás chanchos” ilustró un senador radical, por lo visto conocer de los quehaceres campestres.
Vicentín: ¿una intervención a la medida de quien?
Horas antes del “escándalo del año” con el fiscal Asahad, se supo que esta vez el Juez Civil y Comercial Nº 2 de Reconquista Fabián Lorenzini, ordenó la intervención de la empresa Vicentín por el término de 90 días hábiles judiciales, prorrogables, con la imposibilidad de comprar o vender acciones de la empresa concursada.
El juez Lorenzini decidió que los interventores sean Andrés Shocrón (que se desempeñaba como veedor) y María Victoria Stratta (titular de la IGPJ, en representación del gobierno provincial), que en verdad serán “co-administradores”, y actuarán “sin desplazamiento del actual Directorio” por lo que habrá un doble comando de la empresa.
Desde la Provincia, el único que habló fue el Secretario de Justicia Gabriel Somaglia, quien sólo se remitió a decir que “no resulta satisfactoria la disposición ordenada ni la modalidad de intervención dispuesta, creemos que es tardía, pero vamos a evaluar la postura final en los próximos días”. Por su parte, algunos de los diputados integrantes de la Comisión de Seguimiento de Vicentín coincidieron en que la Provincia no debería formar parte de esta “co-administración” de la firma.
Precisamente un día antes de conocerse la resolución del Juez Lorenzini, tres integrantes del nuevo directorio de Vicentín habían asistido a la Cámara de Diputados para brindar un informe del actual estado de la empresa a la Comisión de Seguimiento, haciendo notar un prudente optimismo en las negociaciones con los acreedores y la confianza de lograr inversiones internacionales – para ello estaba presente el ex diplomático Diego Guelar, ahora consultor de la empresa – para volver a una “nueva normalidad” empresarial.
Una rápida lectura de lo ocurrido con una empresa ligada a Vicentín: Díaz y Forti, a la cual el viernes el Ministerio de Agricultura sacó del Registro de Operadores, y el jueves el Banco Central le pidió a la Aduana que le quiten la licencia para exportar acusándolos de no liquidar exportaciones, lleva a suspicacias, toda vez Díaz y Forti opera a fasón en las plantas de Vicentín de San Lorenzo y Ricardone, y ahora al quedar imposibilitada de operar la planta aceitera y el puerto deberán parar o al menos reducir la actividad.
Todo esto ocurre mientras los gobernadores peronistas le pidieron ¿por motu propio? al Presidente Alberto Fernández la suspensión de las PASO 2021 con un inverosímil motivo sanitario; y a horas del primer aniversario del regreso del peronismo santafesino al poder después de 12 interminables años.
¿Es esto lo que Omar Perotti soñaba para su gestión?
