“Esta ley constituye un desafío para trabajar de manera articulada, junto con otras temáticas”, destacó la secretaria de Estado de Igualdad y Género, Celia Arena.
El gobierno provincial capacitará en la Ley Micaela (Nº 27.499) a integrantes del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal de Santa Fe, en el marco del convenio firmado conjuntamente por la secretaria de Estado de Igualdad y Género, Celia Arena; el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia; y la defensora del Servicio Público Provincial de Defensa Penal, Jaquelina Balangione.
“Cuando el gobernador Omar Perotti tomó la decisión de elevar las temáticas de género y diversidad sexual de un tercer nivel de gestión a una Secretaría de Estado, con rango ministerial, marcó una impronta y una definición política basada en la transversalidad. Y para que las políticas sean verdaderamente transversales debemos promover constantemente la articulación con los otros poderes”, manifestó Arena, y destacó que “la Ley Micaela constituye un desafío para trabajar de manera articulada, junto a otras temáticas”.
Por su parte, Balangione, expresó que “esta política institucional refleja la decisión de continuar afianzando el compromiso con los Derechos Humanos; la realización de acciones concretas para disminuir la brecha de desigualdad existente, a partir de la problemática de género; y la necesidad de establecer capacitaciones continuas orientadas al mejoramiento institucional”.
PRESENTES
Las autoridades firmaron el convenio durante un encuentro celebrado por videoconferencia, del que, además, participaron la subsecretaria de Mujeres, Género y Diversidad de la Secretaría de Estado de Igualdad y Género, Florencia Marinaro; el subsecretario del Consejo de la Magistratura, José Carlos Fernández Vigil; el director provincial de Legal y Técnica de la Secretaría de Estado de Igualdad y de Género, Mariano Bär; los defensores regionales, Jorge Leandro Miró, Gustavo Franceschetti, Mariano Mascioli, María Valeria Lapissonde y Estrella Moreno, junto con defensoras y defensores, funcionarias y funcionarios y empleadas y empleados del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal.
