La entidad de la Cuarta Circunscripción Judicial expresó su preocupación por los interrogatorios a detenidos sin abogado, las restricciones a la libertad sin intervención judicial previa y la posibilidad de imponer condenas por decreto fiscal.
El Colegio de Abogados de la Cuarta Circunscripción Judicial, con sede en Reconquista, advirtió que varias disposiciones de la versión inicial del proyecto «Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública» podían comprometer el derecho de defensa y debilitar el control judicial sobre medidas que afectan la libertad personal y la inviolabilidad del domicilio.
Uno de los puntos que más preocupó a la entidad fue la posibilidad de que la Policía interrogara a personas detenidas sin la presencia de su abogado defensor. El Colegio sostuvo que esa facultad podía dar lugar a arbitrariedades y afectar directamente el derecho de defensa en juicio.
También cuestionó que, en determinados supuestos, los fiscales pudieran ordenar allanamientos domiciliarios o disponer medidas restrictivas de la libertad sin intervención previa de un juez. A eso sumó sus reparos al denominado «procedimiento por decreto fiscal», por entender que podía abrir la puerta a condenas sin un juicio pleno y sin garantías suficientes de defensa técnica.
«La seguridad y la vigencia del Estado de Derecho no son objetivos contrapuestos», sostuvo el Colegio. La entidad reconoció que la seguridad pública es una demanda legítima de la sociedad y una responsabilidad del Estado, y remarcó que las respuestas frente al delito deben respetar las garantías constitucionales.
En una comunicación posterior, el Colegio informó que el texto que pasa al Senado provincial incorporó cambios en los puntos que había objetado. Según la entidad, la nueva versión descarta los interrogatorios sin abogado y las condenas por decreto fiscal sin juicio, reserva a los jueces la decisión sobre las restricciones a la libertad y prevé el control judicial de los allanamientos realizados sin orden previa.
