Preocupación de la Iglesia por el impacto en niños y adolescentes. La Pastoral Judicial de la Iglesia Católica difundió un pronunciamiento en el que pidió a las autoridades nacionales extremar los recaudos para que la puesta en marcha del nuevo régimen penal juvenil no profundice la vulnerabilidad que ya atraviesan miles de niños, niñas y adolescentes en la Argentina.
El comunicado se conoció a horas de la entrada en vigencia de la Ley 27.801, norma que introduce un nuevo marco para la responsabilidad penal a partir de los 14 años. El organismo eclesiástico remarcó que la privación de la libertad de menores debe ser entendida como una medida “excepcional y de última instancia”, en línea con los estándares internacionales de derechos humanos.
La Pastoral Judicial advirtió que la aplicación del régimen no puede desentenderse del contexto social en el que crecen las infancias y adolescencias. Citó datos del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, que muestran que en 2023 más de la mitad de los chicos y chicas del país vivían en hogares pobres y más del 10% se encontraba en situación de indigencia, cifras que reflejan una realidad atravesada por la exclusión y la desigualdad.
En ese marco, el documento expresó preocupación por el posible impacto del nuevo sistema penal sobre jóvenes que ya enfrentan múltiples carencias, y señaló especialmente los escenarios donde el Estado se repliega, se debilita la presencia de políticas públicas y gana terreno el narcotráfico y otras economías ilegales. Para la Pastoral, esas condiciones pueden facilitar que adolescentes sean captados por redes delictivas.
“No castigar la exclusión con prisión”
El texto recuperó las denominadas “Reglas Papa Francisco para el trato de personas excluidas”, lineamientos inspirados en los mensajes del Pontífice, que insisten en abordar las causas profundas de la marginación antes que responder con mayor castigo penal.
Se reclama que la cárcel no sea respuesta automática ante conflictos vinculados a la pobreza.
Se exhorta a fortalecer políticas de inclusión educativa, laboral y comunitaria.
Se pide garantizar el acceso a la defensa y al acompañamiento psicosocial de los menores.
“No se debe castigar con prisión a una persona por situaciones que sean consecuencia directa de la exclusión, de violencias estructurales o de impedimentos materiales”, remarca el documento al citar las Reglas Papa Francisco.
La Pastoral Judicial llamó a jueces, fiscales, defensores, fuerzas de seguridad y responsables políticos a implementar la nueva normativa con una mirada integral sobre los derechos de la niñez, y a privilegiar medidas alternativas a la privación de libertad, como programas de acompañamiento, mediación, tratamiento de consumos problemáticos y dispositivos comunitarios.
El pronunciamiento se suma a los debates abiertos en el ámbito jurídico, académico y de organizaciones de derechos humanos sobre el alcance del nuevo régimen penal juvenil, y pone el foco en la necesidad de que cualquier reforma legal se acompañe de políticas sociales activas que prevengan que la respuesta del Estado frente a la exclusión sea únicamente el endurecimiento punitivo.
