El diputado provincial Sergio Javier Rojas presentó un proyecto de ley para crear un espacio institucional de diálogo entre el personal policial y penitenciario y el Poder Ejecutivo.
La iniciativa busca abordar problemáticas vinculadas con las condiciones de trabajo y de vida de quienes integran las fuerzas, como el desarraigo, la salud mental, el descanso y el estrés propio de la tarea.
Los turnos rotativos, los traslados, la exposición permanente a situaciones de violencia y riesgo y las dificultades para sostener vínculos familiares pueden tener consecuencias que van más allá del ámbito laboral. Estas condiciones también repercuten en las familias del personal, que muchas veces deben adaptarse a cambios de destino, horarios y períodos de ausencia.
Rojas señaló que estas situaciones también pueden influir en la permanencia dentro de las fuerzas y en el ingreso de nuevos agentes. “Cuando las condiciones en las que se desarrolla la tarea no encuentran un espacio donde puedan plantearse, los problemas se acumulan. Tenemos que poder escuchar qué les pasa a quienes todos los días cumplen una función tan importante para la sociedad”, sostuvo.
El proyecto va mucho más allá de las cuestiones salariales. “El Estado provincial afronta el pago de haberes en el marco de sus posibilidades presupuestarias, mientras que el personal de las fuerzas de seguridad como cualquier trabajador quiere un salario que le permita vivir de su trabajo; este proyecto no discute eso, no de manera central. Lo que buscamos es abrir un espacio institucional para las problemáticas que muchas veces quedan por detrás de lo salarial y que hoy no tienen dónde plantearse”, explicó Rojas.
*Salud mental y acompañamiento*
Uno de los aspectos que el proyecto busca abordar es la salud mental del personal policial y penitenciario. La exposición permanente a situaciones de violencia, riesgo y estrés puede tener efectos sobre quienes cumplen estas tareas y también sobre su entorno familiar.
Como referencia para dimensionar la problemática, los datos de las fuerzas federales muestran que se trata de una situación que requiere atención. Según datos oficiales del Ministerio de Seguridad de la Nación, durante 2024 se registraron 22 suicidios entre integrantes de la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 34 casos. Se trata de registros correspondientes a fuerzas federales y no a la Policía de Santa Fe, pero permiten observar la dimensión que puede alcanzar esta problemática dentro de los ámbitos de seguridad.
Para Rojas, estos datos refuerzan la necesidad de que la salud mental forme parte de una política de cuidado del personal y no sea abordada únicamente cuando una situación ya llegó a una instancia crítica.
El proyecto también busca que los problemas de salud mental puedan ser planteados y atendidos sin que pedir ayuda se convierta en un motivo de estigmatización dentro de la propia fuerza. La posibilidad de solicitar una licencia o recurrir a asistencia profesional no debería ser percibida como una señal de debilidad, sino como parte del cuidado de la salud del personal.
Otro aspecto a tener en cuenta es el impacto que estas condiciones tienen sobre las familias, una dimensión que muchas veces queda en segundo plano. Los cambios de destino, el desarraigo, los horarios y la exposición a situaciones de estrés no afectan solamente al agente, sino también a quienes comparten su vida cotidiana. Pensar el bienestar del personal implica también considerar ese entorno.
*Un espacio con representación de toda la provincia*
El proyecto propone crear el Consejo Provincial de Participación del Personal de las Fuerzas de Seguridad, integrado por 15 miembros titulares, con representación de las cinco regiones de la provincia —Reconquista, Rafaela, Santa Fe, Rosario y Venado Tuerto—.
La iniciativa plantea que participen tanto personal policial y penitenciario en actividad, de distintos niveles funcionales, como personal retirado. Sus integrantes serían elegidos por el propio personal y ejercerían la función de manera honoraria durante dos años, con posibilidad de una reelección.
Entre las funciones propuestas se encuentran la elaboración de diagnósticos e informes sobre condiciones de trabajo, riesgos laborales, infraestructura, equipamiento, salud ocupacional y salud mental; la recepción y canalización de inquietudes colectivas del personal; y la elaboración de recomendaciones para el Poder Ejecutivo.
El proyecto plantea además que el Ejecutivo deba responder institucionalmente a esas recomendaciones dentro de los 60 días. El Consejo realizaría reuniones periódicas y elaboraría informes semestrales que serían remitidos también a la Legislatura provincial.
*Una herramienta que se suma a las estructuras existentes*
La iniciativa establece que el Consejo no tendrá carácter gremial ni sindical, no intervendrá en conflictos individuales del personal ni en decisiones operativas, tácticas o de inteligencia criminal, y que sus recomendaciones serán no vinculantes.
Tampoco modificaría el estado policial, el régimen disciplinario ni la organización jerárquica de las fuerzas de seguridad.
“No se trata de crear una estructura que compita con nada de lo que ya existe, sino de sumar una herramienta para que el Estado provincial pueda escuchar, de manera ordenada y permanente, a quienes están todos los días en la calle o en los penales. Ellos nos cuidan todos los días; con este Consejo damos un paso para pensar cómo los cuidamos nosotros”, concluyó el diputado.
