La oposición intenta cerrar el círculo sobre la COSVEL: pedidos de informes y una denuncia federal

El diputado Emiliano Peralta solicitó información sobre una posible deuda con la EPE. Los concejales Barbona, Souilhé y Capello impulsaron un requerimiento similar, aprobado por unanimidad. Además, Peralta, Barbona y Suoilhé efectuaron una presentación ante la Fiscalía Federal de Reconquista para que se investiguen presuntas irregularidades en aportes y retenciones.

La situación de COSVEL suma actuaciones en tres ámbitos: la Legislatura provincial, el Concejo Municipal de Vera y la Justicia federal. Los pedidos de información sobre las obligaciones económicas de la cooperativa se complementan con una denuncia para que se investigue el destino de aportes y retenciones.

El diputado provincial Emiliano Peralta presentó un proyecto de comunicación para que el Poder Ejecutivo requiera a la Empresa Provincial de la Energía información sobre la existencia de una eventual deuda de COSVEL. En el plano local, los concejales Javier Barbona, Mario Souilhé y Ana Paula Capello Armando promovieron un pedido similar, que recibió el respaldo unánime del Concejo.

A estas iniciativas se agrega la denuncia presentada por Souilhé, Barbona y Peralta ante la Fiscalía Federal de Reconquista.

Obligaciones 

El proyecto de Peralta solicita establecer si COSVEL tiene deuda con la empresa energética y, en caso afirmativo, conocer su estado actual, diferenciando capital e intereses, así como los conceptos y períodos involucrados.

También requiere precisar si existe un convenio entre las partes, si la cooperativa cumple sus pagos en tiempo y forma y, de no hacerlo, cuándo se registró el último pago.

En los fundamentos, el legislador señala que la posible deuda con la EPE constituye una información pendiente de confirmación. Asimismo, menciona versiones sobre obligaciones con el ENRESS y una deuda con Aguas Santafesinas que, según las publicaciones citadas en el proyecto, rondaría los $824 millones.

Peralta sostiene que conocer quiénes son los acreedores y contar con información fidedigna resulta necesario para determinar las acciones orientadas al saneamiento de la institución.

El pedido del Concejo

La resolución impulsada por Barbona, Souilhé y Capello apunta también a verificar oficialmente si existe deuda con la EPE, cuál es su monto actualizado y cómo se compone.

El requerimiento incluye capital, intereses, recargos y otros conceptos; los períodos adeudados; posibles acuerdos de pago o refinanciación y su cumplimiento; y la fecha del último pago, si las obligaciones no se encuentran al día.

Los concejales fundamentaron la iniciativa en la necesidad de obtener datos precisos y verificables, dado que COSVEL presta servicios esenciales para la comunidad. La información deberá ser remitida al cuerpo legislativo para conocimiento de los ediles y de los vecinos.

Presentación judicial

Durante el tratamiento del proyecto local, Souilhé informó sobre la denuncia federal. Según explicó, la presentación solicita investigar la presunta retención y falta de ingreso de aportes destinados a la seguridad social, diferencias en aportes jubilatorios y retenciones sindicales que no corresponderían a ningún gremio.

La documentación aportada registra la recepción de la denuncia en la Fiscalía Federal de Reconquista el 30 de septiembre de 2026. En su petitorio, los firmantes solicitan que se tenga por formulada la denuncia, se incorpore la prueba documental y se dispongan las medidas informativas y testimoniales pertinentes, además del inicio de una investigación penal preparatoria.

La presentación incluye documentación vinculada con los pedidos de informes sobre la cooperativa. Su recepción no implica que las presuntas irregularidades estén acreditadas: corresponde a la autoridad judicial determinar los hechos y las eventuales responsabilidades.

Con estas actuaciones, la oposición amplía sus gestiones para esclarecer la situación económica y administrativa de COSVEL. Mientras los requerimientos a la EPE buscan confirmar sus obligaciones con la empresa, la denuncia federal pone bajo pedido de investigación el manejo de aportes y retenciones.