A menos de un año de las elecciones de 2027, la Legislatura santafesina tiene sobre la mesa seis proyectos de reforma electoral que buscan unificar en un solo código la dispersa normativa vigente.
Una de las innovaciones del proyecto presentado por el Partido Socialista es la obligatoriedad de los debates electorales públicos previos a las elecciones generales para las categorías de gobernador e intendente en los municipios de más de 20.000 habitantes.
La iniciativa establece que el debate estará a cargo del Juez Electoral Provincial, quien determinará la sede, la fecha, el formato y las reglas de participación, y podrá encomendar la organización técnica a universidades públicas o entidades de reconocida trayectoria.
Los ejes temáticos se definirán mediante un mecanismo de participación ciudadana abierto y vinculante, y la transmisión será en vivo, de acceso libre y gratuito, con medidas de accesibilidad como subtitulado e intérprete de Lengua de Señas Argentina.
La ausencia injustificada del candidato o la candidata no afectará la validez del proceso, pero será sancionada con multas y la pérdida de espacios de publicidad electoral.
Se trata de una apuesta del socialismo por dotar de mayor transparencia al proceso y promover un voto informado, en línea con su tradición reformista, aunque la medida aún no cuenta con el respaldo explícito de la UCR ni del peronismo.
Partidos y financiación
En el capítulo partidario, hay consenso entre los proyectos en la afiliación libre, los libros contables y la elección democrática de autoridades, aunque el peronismo de Diputados introduce una cláusula antiborocoteo que ata la banca al partido (debe renunciar al escaño si se aleja del partido tras la elección).
En materia de financiamiento, UCR y Socialismo coinciden en el Fondo Partidario Permanente, la prohibición de aportes anónimos o de concesionarias de servicios públicos y la exigencia de cuenta bancaria única con rendición certificada; el PS suma topes individuales de 15 JUS por persona y establece que el 20% de los fondos debe destinarse a capacitación de afiliados. El FAS, por su parte, reclama controles más estrictos sobre el origen de los recursos.
Fuente: El Ciudadano
