Se trata de Omar Antonio Odriozola y Rafael Ramón Grau, a quienes se les impusieron seis años y seis meses de prisión para cada uno. Así fue resuelto por unanimidad, en el marco de un juicio oral y público que finalizó este mediodía en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. El fiscal Ezequiel Hernández y la fiscal Bárbara Ilera representaron al MPA en el debate y aseguraron que “esta sentencia sienta un precedente de gran trascendencia para casos de corrupción”. En el marco del legajo, ya habían sido condenadas en juicios abreviados otras nueve personas, entre ellas, un exjefe del departamento de Logística de la Policía Provincial (D4).
Dos exjefes de la Policía de la Provincia de Santa Fe fueron condenados por liderar una asociación ilícita que cometía defraudaciones a la administración pública vinculadas a la reparación de móviles oficiales. Se trata de Omar Antonio Odriozola y Rafael Ramón Grau, de 59 y 62 años, respectivamente. Se les impusieron seis años y seis meses de prisión para cada uno, se los inhabilitó para ejercer cargos públicos por 10 años y deberán pagar las multas máximas previstas en el Código Penal.
Las condenas fueron dispuestas por unanimidad en el marco de un juicio oral y público que finalizó este mediodía en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. El tribunal que tuvo a su cargo la conducción del debate fue presidido por la jueza Celeste Minniti y estuvo integrado además por la jueza Cecilia Labanca y el juez Sebastián Szeifert.
El fiscal Ezequiel Hernández y la fiscal Bárbara Ilera representaron al MPA en el debate. Tras conocer el veredicto, expresaron que “por parte de la Fiscalía estamos muy conformes tanto con el desarrollo como con el resultado del juicio”, y mencionaron que “el tribunal consideró acreditadas las atribuciones delictivas y receptó las calificaciones penales que habíamos requerido en nuestros alegatos”.
Hernández e Ilera remarcaron que “esta sentencia sienta un precedente de gran trascendencia para casos de corrupción”. Explicaron que “tanto Odriozola como Grau fueron la máxima autoridad de la Policía en toda la provincia al momento de los ilícitos, esa particularidad los obligaba no sólo a hacer cumplir la ley, sino también a que ellos mismos la acataran”.
Asimismo, señalaron que “la investigación fue compleja por las particularidades de las personas investigadas, la extensión del daño causado y la complejidad de la maniobra en sí”, y agregaron que “pudimos exponer lo sucedido de forma clara y entendible durante el debate, en función de pruebas documentales y testimonios contundentes”.
“Más allá de que habíamos pedido penas a nueve años de prisión, valoramos la decisión de condenar a los dos funcionarios que habían sido acusados”, manifestaron los fiscales. “Aguardaremos los fundamentos para conocer qué llevó al tribunal a resolver de ese modo y evaluar los motivos por los que se consideró que el MPA no está legitimado para solicitar la reparación del daño efectuado al erario público, que estimamos que es equivalente a 259 millones de pesos al día de hoy”, especificaron.
Reparaciones y repuestos
“Los condenados eran los jefes de una asociación ilícita de carácter permanente, estable y organizada, formada por policías y civiles”, informaron los fiscales. “Odriozola y Grau se valieron de su potestad jerárquica para disponer los medios para que se concretaran maniobras defraudatorias en el ámbito de la fuerza de seguridad provincial”, aseguraron.
Respecto a la modalidad delictiva, Hernández e Ilera afirmaron que “consistía en facturar reparaciones de móviles policiales que no se hacían y compras de repuestos que no se adquirían”. Subrayaron que “en reiteradas oportunidades, los condenados firmaron cheques y realizaron facturas y rendiciones de cuenta que permitieron disposiciones patrimoniales ilegítimas”. A su vez, plantearon que “eran quienes coordinaban las acciones de los integrantes de la banda criminal y determinaban el reparto del dinero obtenido de manera ilegítima”.
“Odriozola llevó adelante sus conductas ilegales entre enero y agosto de 2015, mientras que Grau lo hizo entre septiembre de 2015 y febrero de 2016”, explicitaron.
Denuncia anónima
“La investigación se inició en mayo de 2016 a partir de una presentación que hizo en el MPA quien era ministro de Seguridad de la provincia en ese momento, el actual gobernador Maximiliano Pullaro”, precisaron los representantes del MPA.
“A partir de ese mismo momento, el fiscal Roberto Apullán realizó las primeras medidas investigativas a fin de dilucidar la existencia del hecho y sus participantes”, recordaron. También refirieron que “cuando se creó la Unidad Fiscal de Delitos Complejos en el ámbito de la Fiscalía Regional 1, el legajo pasó a esta Fiscalía, desde la cual se culminó la investigación hasta llegar a la acusación y el juicio oral”.
Calificaciones y cautelares
Tanto Odriozola como Grau fueron condenados como jefes de una asociación ilícita y como coautores de defraudaciones en perjuicio de la administración pública, que son las calificaciones penales de los hechos por los que los había acusado la Fiscalía.
Por otro lado, el tribunal rechazó un requerimiento del MPA para que se ordenara la prisión preventiva de los condenados hasta que la sentencia adquiera firmeza. “Argumentamos la existencia de riesgo de fuga pero los jueces sostuvieron que es posible mitigar ese peligro procesal con cautelares no privativas de la libertad”, aclararon Hernández e Ilera.
Otros nueve condenados
En el marco del legajo, en 2018 y 2019 se realizaron juicios en los que se abreviaron los procedimientos. De esa manera, por formar parte de la asociación ilícita fueron condenados otros tres policías, entre los que está un exjefe del departamento de Logística de la Policía Provincial, conocido como D4, y seis civiles.
Cuatro de esos integrantes del grupo delictivo recibieron penas a prisión efectiva. En tanto, entre reparaciones económicas y donaciones, los nueve abonaron más de 186 millones de pesos (valor actualizado por inflación).
