“En la cuenta regresiva hacia la convención constituyente, uno de los temas que genera mayor tensión institucional es el régimen de fueros que ampara a diputados y senadores provinciales. Aunque la palabra suele asociarse a “impunidad”, el sistema de inmunidades legislativas tiene orígenes históricos y fundamentos democráticos.
El problema en Santa Fe es su extensión: hoy, los legisladores no sólo gozan de inmunidad de arresto y de expresión, sino también de una controvertida inmunidad de proceso que impide incluso que sean investigados por la Justicia mientras estén en funciones.
La reforma constitucional no ignora el tema, pero el abordaje propuesto aún es difuso. La ley de necesidad habilita a revisar el funcionamiento del Poder Legislativo, lo que abre la posibilidad de limitar –o al menos redefinir– este régimen de privilegios. Y si bien hay consenso en sostener ciertas protecciones, otros puntos generan una fuerte controversia política y jurídica.
Qué tipos de inmunidad existen
En la actualidad, los legisladores santafesinos cuentan con tres tipos de fueros. Cada uno tiene implicancias distintas sobre el accionar de la Justicia.
Inmunidad de expresión: es la más aceptada y menos cuestionada. Garantiza que un legislador pueda expresarse libremente en el ejercicio de su función sin temor a ser perseguido penal o civilmente por sus dichos. No incluye insultos ni agravios personales, pero protege opiniones políticas vertidas en el recinto o en tareas legislativas.
Inmunidad de arresto: impide que un legislador pueda ser detenido o encarcelado mientras ejerce su mandato, salvo que sea sorprendido “in fraganti” cometiendo un delito. Para poder arrestarlo, se requiere el voto favorable de los dos tercios de la Cámara a la que pertenece.
Inmunidad de proceso: es la más polémica. Bloquea toda investigación penal sobre un legislador, incluso en su fase preliminar. Es decir, mientras esté vigente este fuero, la Justicia ni siquiera puede abrir un expediente penal. Este tipo de inmunidad ya fue eliminado en la mayoría de las provincias argentinas y no existe a nivel nacional, pero aún persiste en la Constitución de Santa Fe.
Fuente: Política de Santa Fe
