El Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados resolvió este martes abrir el proceso de enjuiciamiento contra la jueza Claudia Martelossi, en el marco de las disposiciones previstas por la Ley Provincial N.º 7050.
La resolución incluye como medida cautelar la suspensión de la magistrada en sus funciones, con retención del 50% de sus haberes durante la tramitación del proceso disciplinario.
El tribunal está integrado por tres miembros de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe: entre ellos, Daniel Erbetta (Presidente), Rafael Gutiérrez y Roberto Falistocco, más dos legisladores: un senador, Rubén Pirola (o Rodrigo Borla) y un diputado, Gabriel Real (o Pablo Farías o Corral); y dos abogados representantes del Colegio de Abogados de la Provincia: Lucas Rey Castro (Venado Tuerto) y Héctor Ferrero (Rafaela).
Martelossi deberá enfrentar el juicio político correspondiente, con posibilidad de ser removida del cargo si prosperan las acusaciones, promovido por el gobierno provincial a raíz de la actuación del magistrado en un caso judicial, en el que dejó en libertad a un malviviente que luego ejecutó de un tiro a un remisero para robarle el el ingreso al barrio La Cortada de Reconquista.
Se trata de una instancia excepcional en el sistema judicial santafesino, que tiene por objeto garantizar la responsabilidad institucional y la transparencia en el ejercicio de la magistratura.
Jury
El gobierno provincial, a través de los ministros de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, y de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, presentó el 9 de abril al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Roberto Falistocco, la denuncia y pedido de Jury contra el juez penal Mauricio Martelossi, de la ciudad de Reconquista, quien liberó al asesino del remisero Juan Carlos Martínez, a pesar de su extenso historial delictivo.
La denuncia se realizó de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 91 de la Constitución de la Provincia de Santa Fe y el artículo 7, inciso 1 y concordantes de la Ley Provincial Nº 7050, que establecen las causales y el procedimiento para la remoción de magistrados por mal desempeño en sus funciones.
Hechos que motivaron la denuncia
La denuncia se radicó a raíz del homicidio, en la ciudad de Reconquista, de Juan Carlos Martínez, remisero de la localidad. Pocas horas después, el sospechoso fue detenido, por el rápido y eficiente accionar policial, y se le secuestró en su domicilio el arma homicida. El detenido, Joaquín Carrizo, resultó ser un delincuente conocido de la región, que registra 13 causas penales, y se encontraba en libertad por decisiones judiciales previas: “A pesar de que un análisis mínimamente riguroso de sus antecedentes permitía advertir con claridad el riesgo concreto de que su conducta violenta derivara en una tragedia”, precisó el escrito.
Uno de los episodios más recientes tuvo lugar el 28 de agosto de 2024, cuando protagonizó un asalto a mano armada en una vivienda de la ciudad de Avellaneda, lo que dio origen a una causa penal en la que el fiscal interviniente solicitó la prisión preventiva del imputado. La medida cautelar se mantuvo vigente hasta la realización de la audiencia preliminar el 6 de marzo de 2025, oportunidad en la que el juez penal Mauricio Daniel Martelossi, resolvió no hacer lugar al pedido de la Fiscalía y conceder la libertad del imputado, imponiéndole ciertas condiciones, que resulta evidente ninguna fue cumplida.
Esto puso de manifiesto la “ligereza e irresponsabilidad” con la que el magistrado actuó, omitiendo los antecedentes penales, y permitiendo la libertad de una persona ya condenada, con conductas delictivas reiteradas, y con problemas psicológicos o psiquiátricos reconocidos; y desestimando criterios procesales elementales del artículo 221 del Código Procesal Penal de la Provincia, sobre hipótesis que permiten valorar el riesgo procesal.
Fundamentos
Por este motivo, la denuncia presentada sostuvo que “el accionar del juez Martelossi, amparado en un garantismo mal entendido y desprovisto de responsabilidad institucional, pone en riesgo el funcionamiento y la credibilidad del sistema penal en su conjunto. En nuestra doble condición de ciudadanos y de funcionarios de un gobierno que ha demostrado un compromiso firme con la protección de derechos y garantías para toda la sociedad, consideramos no solo pertinente, sino necesario, reclamar su destitución, en resguardo de los principios fundamentales que deben regir la administración de justicia”.
Al respecto, el ministro Bastia señaló “la gran responsabilidad es del juez que ordenó la liberación de esta persona. Es inadmisible. El juez Mauricio Martelossi va a tener que dar cuenta de su deficiente accionar e irresponsable decisión”; y destacó el accionar policial, que “en muchas oportunidades aprehendieron a este delincuente, por distintos hechos”.
Por último, la presentación adjunta elementos probatorios, como el prontuario policial de Joaquín Camilo Carrizo, copia del fallo en autos “Carrizo, Joaquín Camilo s/ Resistencia a la Autoridad”, y acta de la audiencia preliminar del 6 de marzo de 2025.
