La dirección del Profesorado Nº 4 decidió levantar la exposición de trabajos de futuras docentes. La intervención se realizaba en el marco del “Ni una menos”. Repudio generalizado y la explicación de la institución educativa.
“No es un cementerio para colgar fotos de muertos”, aseguran estudiantes y militantes feministas que fue la intempestiva reacción de la conducción del Profesorado N° 4 “Ángel Cárcano” al resolver el retiro de las gigantografías colgadas en los pasillos de la institución educativa terciara con los rostros y nombres de mujeres víctimas de femicidio del norte santafesino. La muestra también intercaló fotos de los victimarios, condenados en algunos casos y presuntos en otros que aún no llegaron a juicio.
El señalamiento no fue desmentido por la conducción del establecimiento, que formuló su descargo el martes 9 en una nota de seis carillas luego del repudio de parte de activistas sociales, el gremio docente, y el pedido de explicaciones de las propias alumnas del 4to. año de la carrera de Educación Primaria, a cargo de la intervención desarrollada en el marco de la ESI y en alusión al “Ni una menos”.
Ante la “bajada” de los carteles, los estudiantes requirieron por nota conocer el motivo de la decisión de suspender la exhibición que materializaba la intervención y trabajo práctico llevado adelante en el marco del “3 de junio”, día en se conmemoran las movilizaciones bajo el lema “Ni una menos” desde la Cátedra de Sexualidad Humana y Educación.
Del mismo modo, manifestaron su disconformidad porque “la intervención no generaba obstrucción del paso ni afectaba el normal funcionamiento del espacio”, siendo además respetuosa de su forma de contenido. Además, alegaron que La ley Micaela establece la obligatoriedad de formación en perspectiva de género para todas las personas que desempeñan un rol en el Estado.
Los autores de la iniciativa se escudaron en que su intervención fue elaborada con “compromiso y respecto, en ejercicio del derecho a la libertad de expresión y la libertad de cátedra”. En la tarde del viernes se movilizaron para visibilizar su malestar con la medida.
Pedido de reflexión y disculpas
Por su parte, Mariana Meza, de MuMaLá (Mujeres de la Matria Latinoamericana), centró el reclamo en Adriana Fernández, una joven de 16 años oriunda de Las Garzas (Gral. Obligado) asesinada, violada, degollada, descuartizada y descartada en una alcantarilla en el año 2004. Su foto integró la nómina de las víctimas evocadas.
El femicida, en su declaración, dijo frente a la madre que “si ella no era de él, no iba a ser de nadie más”. Ese “desgarrador testimonio me lo transmitió ayer su hermana en la movilización en el Profesorado N°4, organizada por alumnas a quienes fuimos a bancar. Que además sumó el dato de que el asesino vive a dos cuadras de la casa materna, que cumplió diez años de condena y salió ‘por buen comportamiento’”, describió la dirigente.
En ese contexto, solicitó a la directora en nombre de esta historia de vida detrás de Adriana, una “mujer asesinada por la violencia machista” que “reflexione y pida disculpas por respeto a todos los familiares de esta víctima y de las casi 40 víctimas relevadas de nuestro norte santafesino”.
“Censura”
A su vez, desde el Frente 4 de Abril Obligado sumaron su apoyo a las alumnas de 4to. año de Educación Primaria para “visibilizar la censura que sufrieron de parte de las autoridades del ISP N° 4”, y remarcaron la “valentía al no quedarse calladas ante el accionar autoritario de las autoridades de la institución.
En tanto, AMSAFE General Obligado junto a su cuerpo de delegadas y delegados del ISP Nº 4 expresó su solidaridad con las estudiantes y docentes que llevaron adelante la jornada “Ni Una Menos” con exposición instalada en el pasillo institucional que proponía una “reflexión colectiva sobre los femicidios ocurridos en nuestra ciudad y la región, ampliando los márgenes del aula y generando instancias valiosas de participación, memoria y compromiso ciudadano con toda la comunidad educativa”.
En este marco, la instancia gremial expresó la “preocupación y disconformidad” ante la decisión adoptada por el equipo directivo y el Consejo Académico de retirar la muestra, ya que “consideramos que dicha medida interfiere con el normal desarrollo de propuestas pedagógicas que se inscriben en los marcos normativos vigentes, como la Ley de Educación Sexual Integral, y que afectan principios fundamentales como la autonomía docente y la formación integral del estudiantado”.
Argumentos
La respuesta oficial llegó de la mano de una nota firmada por la profesora Sandra N. Llanes, titular del ISP Nº 4. Sobre la situación, motivos y argumentos ante lo sucedido con las gigantografías y responsabilidades en el conflicto que “interpela a todos los actores”, sostuvo que “los hechos multicausales tuvieron origen en la falta de comunicación previa de la docente a cargo de la cátedra, la Prof. Cristina Cáceres”. “Nunca presentó, ni a la regencia, y menos a dirección alguna moción, nota o proyecto respecto a la actividad con las gigantografías”, que por las dimensiones iba exceder el ámbito áulico.
Llanes aseguró que “la libertad de expresión no está censurada en la institución”, e insistió con que “el conflicto aquí fue la falta de responsabilidad profesional en los procedimientos”, la falta de comunicación previa de la actividad y la carencia de firmas de autorización de las familias (directas) que autorizaban esa exhibición.
Sin autorización
En tal sentido, relató que “esa exhibición de personas, en las gigantografías con los nombres de las víctimas de femicidio y sus victimarios, generó muchas reacciones e interrogantes en el colectivo institucional”.
Tras volver a cuestionar que la cátedra no procedió según los marcos normativos del ISP Nº 4, enumeró llos motivos para quitar las gigantografías. “No contábamos con autorizaciones escritas y firmadas de los familiares de las víctimas de femicidio, algunos de los victimarios están ‘imputados’, pero no enjuiciados, en la exhibición obraban nombres de familiares de estudiantes que cursan en algunas carreras”. Y por último: “No se debía hacer uso político ni avalar acciones de determinadas militancias; se debía evitar la manipulación”.
La profesora que conduce los destinos del instituto de formación docente alegó que las gigantografías estuvieron exhibidas en la institución, lo cual estimó como “un tiempo suficiente en torno a la conmemoración de los femicidios”.
“¿Por qué debimos proceder a retirarlas?”, se preguntó, y enseguida evacuó que fue “luego de la reunión del Consejo Académico Profesional en la que desde todas las jefaturas de carreras y departamentos del ISP Nº 4 se pronunciaron en desacuerdo para que continuaran exhibidas”, motivo que la llevó a “intervenir desde la dirección, haciendo uso de la responsabilidad que me delega el Estado y con la finalidad de prevenir situaciones de mayor conflicto en el ámbito legal”.
Falta de diálogo
A los representantes del colectivo gremial les atribuyó que “tampoco dialogaron, al contrario, emitieron un comunicado que se ocuparon que circule en las redes sociales de las carreras”, con al finalidad de “amedrentar, atemorizar, exponer y humillar. Justamente todas esas conductas (afines a la falta de diálogo) generan violencia y crean los climas donde ocurren los femicidios”.
Para cerrar, reparó en que todo ciudadano tiene derecho a defensa en juicio y al debido proceso, son derechos constitucionales y “estar imputado no significa condenado por lo que mal podríamos tomar la justicia en nuestras manos y condenar a terceros, erigirnos en jueces que no somos, lo que podría conllevar responsabilidades legales a la institución. Divulgarlas se vuelven una fórmula de juicio sin proceso, sin olvidar que esos imputados tienen familiares que no pueden ser afectados”.
La exhibición de fotos de condenados penalmente no está explícitamente prohibida, pero debe tenerse en cuenta el derecho a la imagen y privacidad, concluyó.
