El inicio se dio en los Tribunales de San Cristóbal, en el marco de un proceso por homicidio calificado y tentativa de femicidio. Participaron 12 jurados titulares y 2 suplentes, todos ciudadanos comunes. La Ley N.º 14.253, que establece esta modalidad para delitos graves, fue promulgada por el gobernador Maximiliano Pullaro en 2024. “Es un avance en la participación democrática”, destacaron las autoridades.
En un paso histórico hacia un modelo de justicia más participativo, Santa Fe puso en marcha este lunes el sistema de Juicio por Jurados. El debut tuvo lugar en los Tribunales de San Cristóbal, Circunscripción Judicial N.º 5, en un proceso por homicidio calificado y tentativa de femicidio, con la intervención de 12 jurados titulares y 2 suplentes, todos ciudadanos seleccionados por sorteo del padrón electoral.
Del acto participaron el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; el secretario de Justicia, Santiago Mascheroni; el senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig; la fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich; y el fiscal regional, Carlos Vottero.
La Ley N.º 14.253, sancionada el 21 de marzo de 2024 y promulgada por el gobernador Maximiliano Pullaro el 27 de ese mes mediante el Decreto N.º 418, establece el juicio por jurados para delitos graves: homicidio calificado, abuso sexual seguido de muerte, robo seguido de muerte y enfrentamientos armados entre policías y delincuentes.
Participación democrática
Cococcioni señaló que la implementación del Juicio por Jurados fue “un largo reclamo de diversos sectores” y que “Santa Fe se pone en sintonía con otras provincias, comenzando por los casos más graves como los homicidios calificados, conforme a lo que establece la Constitución”. Aclaró que no se descarta su aplicación futura a otros delitos.
Mascheroni remarcó que se trata de “un avance en la participación democrática, donde la ciudadanía juzga a sus pares”. Detalló que los delitos incluidos son cuatro: homicidio calificado, abuso sexual seguido de muerte, robo seguido de muerte y enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y delincuentes.
El senador Michlig, por su parte, destacó la decisión política del gobernador Pullaro de impulsar esta ley para “hacer más visible la justicia y lograr una mayor participación ciudadana”, lo que calificó como “un paso clave para mejorar el sistema judicial, fortalecer la institucionalidad y cumplir los preceptos constitucionales, en un momento en que se reclama una justicia más ágil y democrática”.
Momento institucional clave
La fiscal general Vranicich aseguró que desde el MPA “venimos capacitándonos desde hace meses porque este cambio representa un gran desafío” y afirmó que “era lo que faltaba al sistema acusatorio adversarial”. Agregó que, a partir del 21 de junio, también se adaptará el sistema penal juvenil, permitiendo que los jóvenes punibles sean juzgados conforme a la Constitución. “Vivimos un momento institucional muy importante”, subrayó.
El fiscal regional Vottero resaltó que “celebrar este primer Juicio por Jurados oral y público es un hecho histórico que nos involucra directamente”. Explicó que el jurado deberá determinar la culpabilidad o no del imputado, y en caso afirmativo, el juez técnico aplicará la pena correspondiente.
Ciudadanía activa y protegida
El modelo prevé 12 jurados titulares y 2 suplentes, sin formación jurídica ni vínculos con el Poder Judicial o las fuerzas de seguridad. Están excluidos abogados, escribanos, funcionarios públicos, militares, policías, personas con antecedentes penales, menores de edad, mayores de 76 años, madres lactantes y quienes tengan relación directa con las partes.
La convocatoria es una carga pública similar al sufragio e incluye mecanismos de protección: viáticos por traslados, resguardo laboral durante el juicio y una remuneración diaria cercana a medio jus, unidad que regula los honorarios judiciales.
Los juicios por jurado se implementarán gradualmente en toda la provincia. Tras San Cristóbal y Rafaela, seguirán Reconquista y Venado Tuerto, para luego avanzar en Santa Fe y Rosario.
“Con este nuevo esquema, Santa Fe da un paso trascendental hacia una justicia más cercana, donde la ciudadanía asume un rol activo en la resolución de los conflictos penales más graves. Es un hecho inédito que marca el inicio de una etapa más participativa, transparente y democrática”, concluyó Mascheroni.
