Pacientes, familiares, y prestadores autoconvocados de Reconquista, Avellaneda y Vera llevaron a cabo una jornada de visibilización y protesta. “Que sea ley”, exigieron.
En el marco del debate nacional por la emergencia en discapacidad y en simultáneo con la sesión en el Congreso que trataba este miércoles la conversión en ley de ese estado de excepción, familiares y personas con discapacidades más prestadores del sistema de movilizaron en Reconquista, Avellaneda y Vera.
Desde las 10 en la Plaza Central reconquistense y también en la céntrica esquina verense de P. Houriet y San Martín los manifestantes se sumaron a la jornada nacional de movilización en reclamo por el “grave deterioro” del sistema de prestaciones básicas que afecta a una de las poblaciones más vulnerables del país.
Desde hace años, quienes integran este sector vienen denunciando que los fondos regulados por el Estado nacional “no han acompañado el proceso inflacionario, lo que ha derivado en una pérdida efectiva del acceso a servicios fundamentales”. “La crisis impacta no solo en las personas con discapacidad, sino también en miles de trabajadores y trabajadoras cuyos puestos se han precarizado o directamente perdido”, indicaron, en un comunicado.
Actualmente, pusieron en evidencia, el sistema atraviesa una situación crítica. Según estimaciones de instituciones categorizadas, se necesita una “recomposición arancelaria del 73% para cubrir los costos mínimos de funcionamiento”, una cifra que pone en evidencia el colapso operativo del sector.
“Desfinanciamiento”
Los organizadores de la jornada denuncian un “brutal desfinanciamiento impulsado por el Gobierno Nacional, que afecta servicios educativos, terapéuticos, de transporte y de atención integral”. Según explicaron, “estas políticas ignoran lo establecido en la Ley 24.901, que garantiza el derecho a una cobertura integral para las personas con discapacidad” y vulneran principios básicos de equidad y dignidad humana”.
Aunque respaldan la implementación de auditorías que apunten a mejorar la transparencia, los prestadores rechazaron las “prácticas persecutorias” que “están generando más sufrimiento a las personas con discapacidad y sus familias”.
La movilización se realizó justo cuando el Congreso de la Nación se aprestaba a tratar el proyecto de ley que busca declarar la emergencia en discapacidad, una iniciativa que tiene como objetivo asegurar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que posee rango constitucional en Argentina. El proyecto contempla la adopción urgente de medidas normativas, institucionales y presupuestarias.
“Exigimos que se escuche a quienes vivimos esta realidad todos los días y que la emergencia en discapacidad sea ley”, se expidieron.
Derechos básicos
Previo a una caravana que recorrió la Municipalidad de Reconquista, la Oficina INSSJP Reconquista (PAMI), IAPOS Reconquista, el Concejo Municipal, la Defensoría del Pueblo, la Municipalidad de Avellaneda y la oficina del senador Orfilio Marcón, los movilizados remarcaron que “peligran derechos básicos” y denunciaron recortes, demoras y aranceles insostenibles.
“Durante este año se han demorado las autorizaciones de los pacientes para realizar rehabilitación, los pagos se retrasan entre tres y seis meses, y no hubo aumentos en 2025. Los prestadores, transportistas y centros de día recibieron 0 % de incremento, mientras los costos se disparan”, denunciaron, durante la protesta.
En riesgo
Uno de los principales reclamos apuntó a la presunta intención del gobierno nacional de eliminar el “fondo solidario de redistribución” (conocido como ‘nomenclador’), lo cual descentralizaría la financiación y dejaría en manos de las obras sociales la decisión sobre qué prestaciones autorizar. “Eso pone en riesgo las sesiones, los traslados y la atención en los centros de día. Ya nos vienen recortando prestaciones”, advirtieron.
Además, señalaron que el valor del kilómetro recorrido para transporte está fijado en 541 pesos, mientras que el litro de combustible supera los 1.500. En cuanto a terapias, aseguraron que se pagan 12.000 pesos por sesión, aunque el Colegio Profesional recomienda valores superiores a los 20.000.
La ley 24.901 establece un sistema de prestaciones básicas esenciales en discapacidad, incluyendo rehabilitación, transporte y atención en centros especializados. Sin embargo, “la falta de actualización y los retrasos hacen inviable sostener los servicios. Esto atenta contra los derechos y calidad de vida de los pacientes”, explicaron.
“Estamos a favor de los controles del Estado, pero también necesitamos apoyo. Pagamos alquileres, matrículas, colegios, y enviamos toda la documentación en tiempo y forma. Queremos que se nos escuche”, reclamaron.
Finalmente, hicieron un llamado a la sociedad: “Somos minoría, pero todos pueden necesitar una prestación en algún momento. Esto no es solo por nosotros como trabajadores, sino por las personas con discapacidad, que merecen vivir con dignidad”.
