El juez Lorenzini agregó los contratos firmados al expediente. Sostuvo que no había falta su autorización para la concreción de las operatorias. Y ratificó la facultad de los interventores para dirigir a la firma concursada.
El Juzgado Civil y Comercial de Segunda Nominación de Reconquista, que lleva adelante el concurso preventivo de Vicentin SAIC, resolvió reconocer la validez de 10 nuevos contratos de fazón firmados por los interventores judiciales con empresas dedicadas a los agronegocios.
Los contratos fueron suscriptos con Cargill SA, Bunge SA, Viterra SA, ACA, LDC Argentina SA, Molinos Agro SA, Commodities SA, con Unión Agrícola de Avellaneda Coop. Ltda. y Amaggi SA, todos de soja, y Commodities y Amaggi SA para el procesamiento industrial de semillas de girasol.
Los acuerdos alcanzados se cumplimentarán en las plantas de Vicentin ubicadas en San Lorenzo, Ricardone y su terminal portuaria sobre el río Paraná.
El juez Fabián Lorenzini consideró que los convenios celebrados no requerían autorización especial, ya que encuadran como actos de administración ordinaria, propios del giro comercial de la empresa. La resolución aclaró además que los interventores judiciales designados Nudemberg y Schocrón continúan representando válidamente a la sociedad, y que la apelación presentada por Vicentin -con la intención de coadministrar la empresa que fuera rechazada por “improcedente” por el juzgado a su cargo- no suspendió sus facultades.
“Aquella revocatoria y apelación no atacó la intervención propiamente dicha sino que solicitó únicamente la reinstalación de los administradores naturales desplazados”, pero consintiendo el fondo de la cuestión relativa al rol de dichos funcionarios judiciales a cargo de la intervención, sentenció.
Desde su óptica, los contratos están alineados con las condiciones del mercado actual y resultan cruciales para garantizar la continuidad operativa de la firma en crisis, permitiendo la utilización de su capacidad instalada en plena temporada de cosecha.
En consecuencia, en una resolución firmada el el 27 de mayo ordenó incorporar los contratos al expediente, notificar al Comité de Acreedores y a la Sindicatura, y solicitar a los interventores que informen los avances en su ejecución en el tiempo, en un aval explícito a la labor de estos últimos.
Aclaración
Al día siguiente, emitió una nota aclaratoria en la que primeramente volvió a defender las facultades de los interventores para representar a la concursada y estimó “indispensable para ello tener acceso y control a otras empresas no concursadas en las cuales Vicentin SAIC tiene participación o interés directo”, pudiendo ver afectado su patrimonio por decisiones que pudieran adoptarse en el seno de aquellas.
En ese escrito, salvó una omisión cometida en la individualización de las empresas contratantes de fazones contenida en la resolución inicial e incluyó entre ellas a la Unión Agrícola de Avellaneda Coop. Ltda., siendo por lo tanto aplicable a dichos contratos celebrados por esa cooperativa, los términos y alcances de aquella sentencia.
Buena noticia
La reactivación de las plantas del cordón portuario del sur santafesino es una noticia esperada por propios y extraños al concurso de la cerealera, que llega justo después de haberse conocido que el balance de marzo arrojó un rojo de U$S 4.576.076. Un resultado económico adverso que podría verse agravado al relevar los números de abril.
Jaqueada por un capital de trabajo negativo y una deuda posconcursal estimada en U$S 32 millones al 31 de marzo, la concursada se encuentra en una “situación de mucha debilidad frente al mercado; su estructura está sobredimensionada para su actual esquema de negocios, centrado exclusivamente en efectuar fazones a terceros, lo que trae aparejados resultados económicos negativos”, había trazado Lorenzini días atrás, en una convocatoria a asamblea de accionistas para el 3 de julio próximo.
Ante el apremio de deudas impagas con trabajadores y proveedores, el juez volvió a la carga con la posibilidad de que se aborde la cuestión de la venta de activos ociosos o non core de Vicentin que no comprometan su negocio principal, tales como oficinas, silos, participaciones accionarias, etc. Al mismo tiempo, requirió que la asamblea indague sobre los acuerdos desvinculatorios -millonarios, escandalosos y que, en medio del ahogo financiero, beneficiaron a exdirectivos imputados por asociación ilícita y estafas- celebrados con posterioridad al 31 de agosto de 2024, como así también sobre la gestión del directorio intervenido judicialmente y de la comisión fiscalizadora.
Asimismo, Lorenzini sugirió tener en cuenta el cierre de filiales sin actividad en el exterior, como Vicentin Uruguay y Vicentin Europa, y la repatriación de fondos del exterior con los que podría contar Vicentin para afrontar sus compromisos cada vez más onerosos.
