En una resolución fechada el 11 de marzo, el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, resolvió hacer lugar a un recurso de amparo originado en el estado de cuasi abandono en que se encuentra la Ruta 11, especialmente en el tramo Vera – Reconquista.
El magistrado decidió imponer a Vialidad Nacional la “obligación de reparar por sí o por terceros la Ruta Nacional N° 11 en el tramo indicado” que se corresponde con los límites de los departamentos Vera, San Javier y General Obligado y que identifican el kilómetro 665 -en el extremo sur- y el 931 -en el extremo norte- que se corresponde con el “Paralelo 28 sur”, debiendo “verificar y controlar bajo su propia cuenta y riesgo el óptimo estado del tramo de la carretera aludida con el fin de garantizar la vida y la seguridad de los demás usuarios de la misma”.
En decisorio de 12 carillas, el Dr. Alurralde otorgó para la reparación total y adecuada de la vía nacional un plazo de ejecución que expirará el 28 de abril próximo, fecha en la cual se encuentra prevista la culminación de las obras de un tramo mucho mayor de dicha arteria y que se compadece con la finalizción de un contrato en vigencia.
Asimismo, impuso al Presidente del Directorio de VN el deber de aportar en forma bimestral el informe que elabore el “Ingeniero Jefe” conforme lo dispone el art. 10 del Decreto-Ley N° 505, sobre el tramo de ruta referido, debiendo incluir el estado de avance en la concreción de la obra.
En otro punto, el juez condicionó a los apoderados del organismo vial nacional con el deber de informar, en un plazo de 72 horas, los datos filiatorios de los funcionarios y/o empleados que “se encuentren a cargo de cumplir y/o hacer cumplir las disposiciones del presente apartado, las que tienen como finalidad primordial la protección de usuarios, transeúntes y residentes de la Ruta Nacional Nº 11 en el tramo motivo del presente amparo.
Tras imponer los costos a VN, reguló los honorarios profesionales de la abogada patrocinante del peticionante en 2.125.952 pesos.
Control estricto y plazos inamovibles
Conocida la novedad, el diputado provincial Dionisio Scarpin, impulsor de la medida judicial de amparo ante la indolente postura del gobierno nacional, que de desentendió del estado de la R11, subrayó que “la justicia federal dictó un fallo histórico sobre la Ruta 11″, en el cual “reafirmó que el Estado es el único responsable de garantizar la seguridad vial en esta traza”.
El fallo descarta cualquier posibilidad de nuevas prórrogas y establece un estricto mecanismo de control judicial para evitar dilaciones. “Este fallo es una victoria para todos los que transitamos la Ruta 11 y sufrimos su deterioro. Los trabajos deben realizarse dentro de los plazos fijados y bajo supervisión judicial. No vamos a aceptar más excusas ni demoras”, expresó Scarpin.
“El seguimiento judicial es clave para evitar que esto se convierta en otra promesa incumplida. Los productores y los vecinos necesitamos rutas seguras y no podemos esperar más”, enfatizó el legislador.
Además, la sentencia ratifica que la responsabilidad del mantenimiento y la seguridad vial de la Ruta 11 recae exclusivamente en el Estado nacional, independientemente del contrato vigente con la empresa COINGSA S.A, por ende “desestima el argumento de la DNV de que la obligación recaía en la firma contratista. El Estado no puede lavarse las manos ni culpar a terceros. Más allá del contrato con una empresa, sigue siendo el único responsable de garantizar la seguridad de quienes transitamos esta ruta. Vamos a seguir de cerca cada paso para que esta obra se haga en tiempo y forma”, advirtió Dionisio Scarpin.
Precedente
Si bien la Justicia rechazó el pedido de reconstrucción total de la ruta, reconoció que las obras en marcha son “urgentes e impostergables” en base a la documentación presentada por la propia Vialidad Nacional, que desde 2022 admite el avanzado deterioro de la calzada y la necesidad de una intervención inmediata, citó el diputado. “Este fallo deja en claro que la Ruta 11 no puede esperar. La justicia nos dio la razón y dejó asentado que las reparaciones son necesarias e ineludibles. Es un paso importante, pero la lucha sigue: queremos que toda la traza reciba la atención que merece y deje de ser un peligro constante para quienes vivimos y producimos en el norte de la provincia”, concluyó Scarpin.
