La Corte ordenó la instrucción de un sumario tras la denuncia del fiscal regional Rubén Martínez contra el juez Santiago Banegas por supuesta animosidad en sus fallos. El magistrado lo acusó de enviarle un mensaje cuasi mafioso a través de otro juez en un caso de abuso sexual. El expediente llegó a la Comisión de Acuerdos de la Legislatura.
El año que se va quedará marcado en la historia como el periodo en el que el fuero penal de Reconquista transitó más por el pasto que por la senda demarcada de la institucionalidad, en la que debería ser habitual que se conduzca.
El enfrentamiento entre jueces y fiscales, que se vino cocinando a fuego lento desde un tiempo a esta parte, llegó a un punto de efervescencia inusitado como consecuencia de actuaciones en el marco de una causa contra el abogado Ricardo Demoumois, en la que finalmente este fue condenado por abuso sexual en primera instancia a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer la profesión.
La escalada de denuncias cruzadas pone en entredicho la normal prestación del servicio de justicia en el norte santafesino, toda vez que los funcionarios judiciales interactúan en las distintas jurisdicciones de la Cuarta Circunscripción, y promete dejar una mácula indigna sobre todo el sistema judicial de la región.
En contexto
Para comprender los incidentes que se sucedieron y desembocaron en esta guerra de trincheras vale trazar una línea de tiempo. Durante el juicio oral seguido al penalista norteño sentenciado, la madre de la pretensa menor víctima del accionar del letrado -que era testigo ofrecida por la defensa del imputado- se quebró y denunció haber sido extorsionada y amenazada para mejorar con su declaración la situación procesal del Degoumois, y apuntó contra él y otros tres abogados: Degoumois (h), Ghío y Baralle.
Los fiscales del caso los detuvieron en el acto, en medio del juicio, y solicitaron órdenes de allanamiento sobre sus estudios jurídicos, domicilios particulares y vehículos, y llevaron adelante las pesquisas. Fue el huevo de la serpiente que terminó por envenenar el ya enrarecido ambiente judicial.
El juez Santiago Banegas, que libró las órdenes, cuestionó la modalidad con la que los fiscales de la Unidad Fiscal Reconquista practicaron la medida investigativa y conminó con un “ustedes son pelotudos” a los representantes del MPA para alertarlos, según el propio magistrado, de que los allanamientos debían respetar las garantías constitucionales de manera de no terminar siendo nulos.
Recusación
En ese clima, Banegas presidió la audiencia imputativa para los cuatro profesionales del Derecho en la que los fiscales Alejandra del Río Ayala y Valentín Hereñú lo recusaron en base a sus dichos ofensivos. El juez admitió sus “malas palabras”, fustigó la ventilación de conversaciones consideradas como pertenecientes al ámbito privado, rechazó la recusación, pero decidió no apartarse de la causa por extorsión. Dio intervención a un tribunal revisor que luego lo confirmó para llevar adelante el caso.
Fue en esta audiencia donde Banegas contó, para asombro de propios y extraños, que había sido víctima de un “apriete” para que se alejara de la causa. En ese momento, en medio de sollozos, eligió no identificar a emisor del supuesta amenaza, aunque quedó claro que refería a alguien encumbrado de la delegación norteña del MPA.
“Con el tiempo todo se sabe”, vaticinó ese día un operador judicial con años de carrera, y no se equivocó. En medio de todo este aquelarre judicial, fue el fiscal regional Rubén Martínez quien resolvió elevar a la Corte Suprema -a través de la Fiscalía General- las actuaciones del juez Banegas consideradas lesivas para el MPA en por lo menos 7 casos.
“Falta de templanza”
Martínez acusó al juez de “animosidad” contra los fiscales que conduce y de “falta de templanza” para el cargo que ostenta, y lo señaló por haber permitido al condenado-imputado Degoumois dilatar los plazos procesales.
Como era de esperar, en su descargo Banegas refutó cada una de las afirmaciones en su contra con datos estadísticos, y sin dejar de lado la ironía que impera en sus escritos se permitió enmendar errores ortográficos que aseguró hallar en la redacción del fiscal Martínez para “hacer más amena la lectura”
Cuando parecía que su respuesta sumarial se conformaba con replicar los aspectos funcionales que le fueron criticados, el juez dio un paso adelante y parafraseó el supuesto apriete hacia su investidura, con nombres y apellidos. “Comenté con preocupación la situación que había llegado a mi conocimiento a un grupo de amigos, entre los cuales se encontraba el (juez penal) Dr. Gonzalo Eduardo Basualdo. Pero deslicé la información en forma genérica, sin hacer referencia ninguna al Dr. Martínez. En ese momento, Basualdo me dijo que tenía más detalles del asunto y que en forma privada me iba a explicar más”, esbozó.
De inmediato, reconstruyó que “fue entonces que me llamó y me dijo que el día viernes citado, cerca de las 13:20, mientras se dirigía a buscar su vehículo en el estacionamiento del Palacio de Tribunales de Reconquista, se había acercado a él el Dr. Rubén Martínez y le había dicho entre otras cosas lo siguiente: ‘decile a Banegas que yo no voy a permitir que maltrate a mis fiscales. Avisale que si no se aparta lo vamos a recusar en esta y en todas las causas. Decile que no va a poder laburar más acá. Yo ya hablé con B., así que mejor que vaya buscando otro laburo, o que concurse para algo en Córdoba o en Entre Ríos, porque acá en Santa Fe su carrera está terminada’. Según lo que me contó Basualdo, él le contestó al fiscal regional: ’yo no soy mandadero de nadie’”.
De ahí más, reveló que los 9 jueces penales del Cuarta Circunscripción se reunieron por Zoom y acordaron poner en conocimiento de la Corte Suprema la situación surgida. Empero, tras varios intentos de hablar en forma telefónica con Dr. Eduardo Bordas, el secretario de Gobierno del máximo tribunal provincial no les atendió el teléfono, según hizo constar Banegas en su declaración.
“Impune”
Con relación al motivo por el cual no realizó una denuncia formal sobre el caso, una presentación ante los organismos correspondientes (la Comisión de Acuerdo de la Legislatura de Santa Fe, el Auditor General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación), se escudó en dos cuestiones: “Porque no es intención ocasionarle daño al fiscal regional, porque no guarda ningún tipo de animaciones a su persona, y por el daño colateral que ello implicaría para la Fiscalía Regional Cuarta del Ministerio Público de la Acusación”, y en segundo lugar debido a “la diferencia con el referido fiscal regional, que se jacta de ser impune y de contar con respaldo político suficiente como para hacer y deshacer a su antojo, quien suscribe carece de toda vinculación política, contactos o influencias”.
En el final, puntualizó que “la única motivación que tuve de hacer pública la situación fue por resguardar a mi amigo, el Dr. Gonzalo Basualdo, quien fue cobardemente utilizado para darme a conocer el mensaje del Dr. Martínez (8:03), y para proteger mi dignidad y buen nombre”.
Como testigos ofreció a los jueces Basualdo, Martelossi, Gon, Gauna Chapero, Olivera, Palud, y a los defensores públicos Toniolo y Lapissonde.
Más leña al fuego
En tanto, el viernes 27 ingresó a la Unidad Fiscal Reconquista una denuncia penal contra los fiscales Alejandra del Río Ayala, Valentín Hereñú, Georgina Díaz y el regional Martínez por la supuesta coacción a la que habrían sometido al juez Banegas “a través de un intermediario para apartarse de la causa Degoumois, bajo la amenaza de hacerlo cesar en su cargo de juez penal, y de que debería concursar en provincias vecinas, si decidiese continuar con la magistratura”.
Los firmantes son los abogados Ricardo Ceferino Degoumois, Ricardo Rubén Degoumois y Daniel Baralle -todos imputados como coautores de amenazas coactivas el perjuicio de la madre de una pretensa victima de abuso sexual, en concurso real con falso testimonio en calidad de autores mediatos-, bajo el patrocinio del Dr. Marcos Barcelo.
La demanda apunta a determinar la responsabilidad penal de los representantes del MPA en cuanto a las figuras penales de privación ilegítima de la libertad, falsedad ideológica de instrumento público y tentativa de estafa procesal, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, y coacción triplemente calificada contra un magistrado judicial.
De acuerdo a lo expresado por el Dr. Barcelo, todo lo denunciado se fundamenta en sucesivas notas periodísticas brindadas por el juez Banegas, en la detención e incomunicación por 88 horas y 30 minutos de cuatro abogados defensores y, además, en “la incorporación por parte del fiscales denunciados de párrafos relacionados con la resistencia y ataque a funcionarios policiales, que solo existió en la mente delirante” de los mencionados.
100 millones y a Miami
El jueves 26, a pesar de la oposición de la fiscal Georgina Díaz, de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia de Género, Sexual y Familiar, el juez Santiago Banegas autorizó al condenado en primera instancia por abuso sexual Ricardo Ceferino Degoumois, a su hijo y colega, y al abogado Daniel Baralle, a salir del país -sería con destino a Miami-, elevando la caución presentada por el abogado de 20 a 100 millones de pesos, y dejando de lado el decisorio del juez Basualdo que les había prohibido salir del territorio nacional.
Gravedad institucional
Este medio pudo confirmar que el auditor general de Gestión del MPA, Leandro Mai, giró las graves acusaciones del juez Banegas a la Comisión de Acuerdos de la Legislatura a fin de que analice si acepta avocarse a tratar el caso, que de adquirir certeza de verdad implicaría sanciones superiores a los 60 días. El diputado Emiliano Peralta, que integra el grupo de 4 senadores y 8 diputados, dijo al respecto que “lo que hace el auditor es decir ‘acá están denunciando esto’, no quiere decir que diga que esto efectivamente pasó”.
La Comisión decidirá luego del receso de enero y dentro de un plazo de 3 días hábiles si toma intervención. “Estamos hablando de un juez de primera instancia y de un fiscal regional, esto de gravedad institucional porque de haber existido es gravísimo, y de no haber existido es gravísimo igual porque estamos teniendo un juez que está diciendo algo que escapa a la verdad. Cualquiera de las dos hipótesis es sumamente grave”, concluyó Peralta.
