Como cada año para esta fecha, el jefe de los fiscales del norte santafesino hizo público en su informe anual de gestión las actividades y resultados del año 2023. El regional Rubén Martínez desgranó uno a uno los ítems destacados de la labor de persecución penal en un racconto de 36 páginas en el que pudo apreciarse que sigue sin hallar solución la problemática de la escasez de fiscales en la Cuarta Circunscripción Judicial.
Para el funcionario, probablemente la causa más importante de un servicio deficiente de justicia se debe al déficit crónico de los recursos humanos: la FR4 es la que menos fiscales y empleados tiene de todas las fiscalías regionales. Específicamente, describió que en el año 2023 había 8 fiscales trabajando, un número exiguo y hasta menor que desde el inicio del nuevo sistema procesal penal, cuando la plantilla era de 9 al tiempo que la carga laboral era cero. Martínez reforzó ese dato con otro complementario: “(…) en el transcurso de 9 años (2014/2023) solamente se efectivizaron a esta regional 6) cargos, lo cual solo hizo que se consolide el déficit. Hay fiscalías regionales con menos ingreso total de causas que la FR4 y tienen hasta 15 empleados más de planta permanente. Al respecto, no hubo un plan de contingencia para modificar esta situación”.
En su rol de titular de la delegación norteña del MPA, reseñó que, dentro de las políticas de persecución penal establecidas por la Fiscalía General, se priorizó desde “una visión local aquellas que por sus características, numerosidad y lesión de los bienes jurídicos protegidos cobran una mayor relevancia para la respuesta penal, pero también para la paz y tranquilidad social”.
En esa línea, relevó el abordaje de casos complejos, tales como, femicidio, homicidios, robos calificados, estafas complejas, delitos informáticos, violencia de género, delitos sexuales y delitos cometidos por bandas organizadas y con participación de personas de otras localidades e incluso de otras provincias, que requirieron investigaciones con formatos novedosos y no habituales. Como ejemplo de casos de delitos informáticos citó “un hecho perpetrado por una organización delictiva brasileña de alcance internacional”.
Con referencia al combate al delito junto a otras fuerzas, destacó que “en delitos de narcotráfico se trabajó en colaboración formal con la Fiscalía Federal de Reconquista; en delitos rurales se realizaron detecciones, capturas y detenciones de personas requeridas por distintas instancias sociales y judiciales. También, se realizaron búsquedas de personas desaparecidas y, sobre el final del año, con la sanción de la ley 14.239, se comenzaron a trabajar delitos de microtráfico”.
Barrios conflictuados
El fiscal dedicó un apartado especial a dos tipos de conductas delictivas que ganaron presencia en la región. Primeramente, resaltó “un fenómeno que se viene incrementando notablemente y que podemos denominar violencia barrial”, a la que consideró como “principal causa de los homicidios dolosos ocurridos en nuestra zona”. Al respecto, formuló que “es verdad que tal problemática no puede ser abordada desde la óptica del derecho penal o del actuar policial solamente, sino que representa una situación que debe contemplarse desde un trabajo multiagencial, que venimos reclamando en nuestros anteriores informes.
“El flagelo de la venta de estupefacientes -microtráfiico- y el elevado consumo, especialmente en los adolescentes y jóvenes de alta vulnerabilidad, no hace más que acrecentar esta situación”, aseguró, para luego lamentar que haya sido “en vano ha resultado nuestra intención de implementar un trabajo multiagencial o bien una Intervención Barrial Focalizada (IBF), tal como las realizadas en ciudades del sur santafesino”. “Tememos que, de continuar en esta situación, sin los programas de intervención, pronto nos encontraremos con similares situaciones” a las que se viven en las ciudades más grandes, vaticinó.
El regional apuntó a las armas de fuego como factor facilitador de violencias y precisó que en esta región “merece ser destacada la gran incidencia de las armas de fuego de fabricación casera, conocidas como ‘tumberas’, en hechos que materializan la circulación de violencia” sobre todo “en las periferias urbanas en donde viven sectores poblacionales con carencias estructurales y necesidades básicas negadas. “El flagelo de la violencia altamente lesiva se hace carne, principalmente, en los varones jóvenes que habitan dichas periferias haciendo ostensible el fenómeno conocido como sobre-desprotección y sobre-criminalización”, contextualizó.
En segundo lugar, se refirió al incremento de los delitos contra la integridad sexual. “Se cuenta con un total de 312 legajos creados sobre delitos contra la integridad sexual en el marco de la FR4, en contraste con el año 2022 donde se crearon un total de 260 legajos, lo que denota un crecimiento significativo del 20 %”, tabuló.
A ello respondió la decisión de reforzar la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Sexual y Familiar, dotándola de mayores recursos, no sólo en cuanto a órganos fiscales, sino también profesionales que colaboren en tal problemática que representa un volumen altísimo de los delitos de mayor lesividad en la Circunscripción, manifestó el Dr. Martínez.
Profundos cambios
En el plano institucional y a la hora de sintetizar las fortalezas, las debilidades, las amenazas y las oportunidades de la FR4, el fiscal regional hizo alusión a “los profundos cambios introducidos por las reformas legislativas vinculadas al sistema de justicia penal, las vinculaciones interinstitucionales que necesariamente deben mantener con los distintos poderes, la nueva relación con las víctimas a partir de la Ley 14.181 y la adaptación funcional interna del MPA para adecuarse a los nuevos requerimientos”.
Más adelante, vertió su crítica a la anterior gestión provincial que al no haber efectuado su designación para un nuevo periodo de 6 años en su cargo generó que “la Fiscal General mediante resolución me designó Fiscal Regional interino, cargo que desempeñe hasta que el día 27 de diciembre del año 2023, cuando las nuevas autoridades del Poder Ejecutivo mediante el decreto correspondiente procedieron a subsanar esa irregularidad institucional”. “Esta situación, unida a otras que se suscitaron, trajo aparejada diversas experiencias no queridas que reflejaron un marco de incertidumbre, quitaron prestigio a nuestro accionar y demoraron la implementación de algunas medidas”, fustigó.
Etapas
En lo que dividió en dos etapas, dijo que la primera de la nueva gestión consistió en una entrevista con la recientemente designada Fiscal General Dra. María Cecilia Vranicich en mayo de 2023 en la que presentó “un extenso escrito señalando las necesidades y prioridades de nuestra Regional con el ánimo de que las nuevas autoridades tengan un conocimiento preciso de la realidad de la Circunscripción y asimismo se constituya en una guía de trabajo para ir enmarcando nuestra labor”, mientras que en la segunda se creó la Unidad de Apoyo a las Investigaciones Fiscales Priorizadas dependiente de la Regional y a cargo del Dr. Rolando Galfrascoli como subsecretario de Persecución Penal, “con la finalidad de apoyar la labor investigativa de los fiscales, coordinando su accionar con las fuerzas policiales en función judicial. Ello obedeció a cubrir las necesidades de apoyos a las tareas de los fiscales frente al contexto de escasez de recursos humanos”.
Juicios
Durante el año 2023, en el ámbito de la Fiscalía Regional 4ta., se llevaron a cabo un total de 19 juicios orales, reflejando el compromiso de la institución con el debido proceso y la resolución judicial efectiva de las causas, mensuró Rubén Martínez. Asimismo, agregó qque se resolvieron 125 juicios abreviados, 35 suspensiones de juicio a prueba y se aplicaron 179 criterios de oportunidad, dando fe de la aplicación de resoluciones alternativas al juicio oral, atendiendo a los principios de celeridad y economía procesal. Del mismo modo, añadió, se registró 1 mediación y 56 conciliaciones, con herramientas que favorecen el diálogo y la solución pacífica de conflictos. “(…) la capacidad logística y de recursos humanos nos permitirá alcanzar un máximo de 30 juicios orales anuales en toda la Circunscripción, por lo que si bien el número de ellos realizado es relevante aún nos resta una cifra importante de tales respuestas, teniendo presente también la próxima implementación del Juicio por Jurados que seguramente tendrá sus consecuencias”, adelantó.
Víctimas
El fiscal regional puntualizó en su repaso que desde antes de la sanción de la ley 14.181 y con mayor razón después, “la atención a las víctimas debe convertirse en una prioridad en nuestro sistema de gestión. Todos los esfuerzos que hacemos los diferentes órganos fiscales, secretarías de gestión e incluso esta Fiscalía Regional, no aparecen como sincronizados ni organizados de igual forma en las distintas Unidades Fiscales. Resulta imperativo establecer un protocolo a nivel provincial que trace los lineamientos generales para una adecuada atención y deberá venir acompañada de la generación de puestos de trabajo para personas que tengan especificidad en tal tema”.
Legajos
En el año 2023, dentro de la jurisdicción de la Fiscalía Regional 4 se registraron un total de 16.120 legajos. De estos, 9.212 corresponden a la Unidad Fiscal de Reconquista, 4.241 a la Unidad Fiscal de Vera, 2.638 a la Unidad Fiscal de Las Toscas, y 29 legajos no cuentan con radicación específica.
A futuro
Dentro de los desafíos futuros propuso fijó que “en las diferentes áreas de la FR4 habrá que ahondar esfuerzos para que se respetan los procesos de trabajos, y buenas prácticas, la ausencia de ello trae como consecuencia ser menos eficientes”.
Consejo Asesor
Como debilidad del sistema, el regional admitió que “el Consejo Asesor Regional no ha tenido un funcionamiento acorde a lo prescripto por la ley”, y atribuyó la cuestión a “diversas situaciones como la extensión territorial de la Circunscripción, las distintas realidades, y en suma las complejidades que cada región presenta”, lo cual, hizo que el trabajo se materializara a través del contacto directo con las autoridades políticas, asociaciones de productores, otras instituciones públicas o privadas, dirigentes barriales, organizaciones de víctimas, etc., donde fueron tratadas cada una de las problemáticas de cada uno. Sobre este particular, abogó por “una reforma legal en tal sentido, pues crear organismos que no suman eficiencia no aparece como la solución material que necesita cada región”.
Para finalizar, instó a sus dirigidos a “profundizar las acciones de política institucional que permitan mejorar nuestra comunicación, resaltando la transparencia de nuestro accionar, destacando nuestras fortalezas, acciones y debilidades. Siempre debemos brindar una respuesta, sin olvidar con empatía que la satisfacción de la respuesta es consecuencia de la expectativa que se pone en la pregunta y legal”.
