Los matriculados emitieron un comunicado detallando toda la actividad realizada por la entidad en el caso que tiene privados de la libertad a Ricardo Degoumois padre y su hijo homónimo, Daniel Baralle y Andrés Ghío.
COMUNICADO
El Colegio de Abogados de la IV Circunscripción Judicial sostiene que ante los hechos públicos y notorios que resultaron en la detención de cuatro colegiados el día 3 de diciembre de 2024, en el marco de un juicio oral y público, la Comisión Directiva (CD) ha solicitado una reunión urgente con las autoridades del Ministerio Público de la Acusación (MPA). A continuación, resumen de las actividades institucionales desarrolladas.
En tal sentido añade la información vertida por la entidad que día 6 de diciembre de 2024, los miembros de la CD, Doctores Roberto Baccarezza y Rodrigo Santos Roberts, se reunieron con el fiscal regional, Dr. Rubén Daniel Martínez, y el secretario regional, Dr. Elías Roberto Salum. Durante este encuentro, se expresó la preocupación del Colegio por la situación de los profesionales involucrados, enfatizando que las actuaciones desarrolladas no deben afectar gravemente el ejercicio profesional.
Informe del fiscal
El escrito que lleva la firma del Dr. Roberto H. Baccarezza, presidente del Colegio y del Dr. Rodrigo Santos Roberts, secretario del organismo, indica que el informe realizado por el fiscal regional Dr. Rubén Martínez fue considerado satisfactorio a prima facie.
La entidad que representa a los matriculados norteños revela que serán veedores en las medidas que se puedan tomar en relación a los estudios jurídicos de los profesionales implicados. En ese sentido recuerdan que las autoridades del Colegio de Abogados visitaron los domicilios de los estudios jurídicos de los Doctores Degoumois y Ghio, con el propósito de cumplir con tareas de veeduría y asegurar que no se vean afectados los derechos de los profesionales, quienes se encontraban presentes.
Legalidad de la detención
Sobre la audiencia de control de legalidad de las detenciones, realizada el día 6 de diciembre de 2024, el comunicado de los profesionales remarca que aunque esta es una cuestión estrictamente penal, “no se observaron afectaciones a los derechos de los involucrados”, aseveran.
Añaden que la decisión del Juez de la IPP actuante confirmó que los hechos iniciales se ajustan a las normativas procesales vigentes, “sin que esto altere el estado de inocencia de los profesionales implicados”, subrayan. Con respecto al avance de la causa explican que todavía no se ha realizado la audiencia imputativa, “lo que impide que nuestra institución y las partes involucradas cuenten con información básica sobre el caso”, aclaran. Para finalizar se comprometen a seguir informando sobre esta situación y, “especialmente, a continuar con nuestras funciones para velar que los acontecimientos no afecten el libre ejercicio de la profesión, en el marco de los Estatutos y normativas vigentes”, concluyen los colegiados.
