Los nuevos fiscales que investigan al senador santafesino Armando Traferri por sus conexiones con el juego clandestino no se guardaron nada a la hora de imputarlo. En una audiencia judicial le atribuyeron ser jefe de una organización criminal para explotar el dinero procedente de este ilícito y procurarle al capitalista de juego Leonardo Peiti cobertura judicial para garantizarle impunidad.
La audiencia judicial es la primera a la que se presenta el legislador provincial, un dirigente histórico del peronismo santafesino, que durante cuatro años resistió comparecer ante los dos fiscales que primero lo investigaron, Luis Schiappa Pietra y Matías Edery. Traferri acudió ante la jueza este martes porque cambiaron a sus acusadores.
Sin embargo los tres fiscales reemplazantes no retrocedieron un paso respecto de las imputaciones ya deslizadas desde 2020 por sus antecesores. En audiencia dijeron que Traferri utilizó su poder como senador para brindarle protección política a Peiti, un empresario de juego no registrado que tuvo causas en cuatro jurisdicciones judiciales de Santa Fe, y de recibir de él 200 mil dólares por esas gestiones.
Además de organizador de asociación ilícita los fiscales José Caterina, Marisol Fabbro y María de los Angeles Granato le imputaron otros cuatro delitos al senador por el departamento San Lorenzo. Lo acusaron de organizador de juegos de azar ilegales como partícipe primario, de tráfico de influencias agravado por hacer valer su posición frente a un magistrado en cuatro hechos, de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y de peculado de caudales públicos.
Ex intendente de la ciudad de San Lorenzo y por cuatro veces senador provincial, Traferri siempre afirmó que los fiscales previos habían seguido de modo malicioso el libreto del ex ministro de Seguridad Marcelo Sain en el marco de una interna del justicialismo y lo habían acusado por eso de modo injusto. A los nuevos fiscales en ese caso les podría endilgar lo mismo porque la acusación formal contra el senador fue idéntica. Los fiscales dijeron que el legislador tuvo una doble finalidad al recibir plata de Peiti. Por un lado, usufructuar el dinero de una empresa de juego de azar ilegal y por otro gestionar en favor del empresario aludido la concesión del juego legal de parte del Estado santafesino.
Durante cuatro años Traferri resistió comparecer ante los fiscales que primero lo investigaron, Luis Schiappa Pietra y Matías Edery. Luego de lograr correrlos se sometió a la indagatorio, pero la jugada le salió mal: los nuevos fiscales ratificaron todos los cargos por asociación criminal y tráfico de influencias, entre otros delitos.
Para esto último dijeron que al menos desde 2017 Traferri llevó adelante gestiones para convertir a la empresa de Peiti en adjudicataria del juego online en Santa Fe que se terminó por concesionar por decreto en 2019. Para ello indicaron con evidencia que el senador le solicitó a Peiti que, debido a sus problemas legales, cambiara la titularidad de su empresa en favor del ex piloto de Formula Uno y empresario frigorífico Oscar Poppy Larrauri.
“Esta orden expresa de Traferri fue cumplida lo que muestra su participación en la estructura delictiva”, dijo la fiscal Fabbro. Señaló que Peiti, en efecto, transfirió a Larrauri y al abogado José Fernández Chemes la totalidad de sus cuotas parte en la firma Wildar Game, en una operación pública consignada en el Boletín Oficial de Santa Fe el 27 de noviembre de 2020.
Los fiscales adjudicaron también a Traferri haber garantizado para el empresario Peiti, en esa sociedad, una cobertura judicial al más alto nivel en la Fiscalía Regional de Rosario. Señalaron que para ello se encargó en su rol de senador de favorecer la candidatura de Patricio Serjal como fiscal regional porque le daría protección al empresario.
Serjal debió renunciar en 2020 ante la evidencia de haber cobrado sobornos de Peiti y está próximo a ser juzgado. Su fiscal adjunto Gustavo Ponce Asahad ya aceptó condena en juicio abreviado. Los fiscales señalaron cómo en 2018 Serjal concentró mediante un decreto de la fiscalía todas las causas de juego ilegal. Uno de los fiscales que acusó a Traferri destacó especialmente este martes cómo Serjal le pidió a la fiscal de Casilda Marianela Luna que le delegara todos los legajos en los que investigaba a Leo Peiti.
Los fiscales adjudicaron a Traferri haber garantizado para el empresario Peiti, en esa sociedad, una cobertura judicial al más alto nivel en la Fiscalía Regional de Rosario. Señalaron que para ello se encargó en su rol de senador de favorecer la candidatura de Patricio Serjal como fiscal regional porque le daría protección al empresario.
Esta última incidencia fue destacada como una situación muy llamativa. La fiscal Luna avisó en una primera ocasión a la Fiscalía Regional de Rosario de un pedido de allanamientos contra empresas de Peiti y todos resultaron negativos. En una segunda ocasión la investigadora decidió no avisar a sus superiores y los 14 allanamientos fueron positivos. Ante eso el 27 de marzo de 2017 Serjal separó a Luna de esas actuaciones y las centralizó él mismo.
Los fiscales remarcaron que Traferri hizo valer sus influencias para que los trámites de juego clandestino pasaran por Serjal, a quien había contribuido como legislador a impulsar y designar. Y que intentó que al hermano de Peiti por causas de juego clandestino se le aplicara una probation por lo que intercedió ante Serjal para ello.
Los acusadores mostraron evidencia de reuniones entre Peiti y Traferri indicativos de la recepción de dinero. Era toda evidencia rendida en el pasado por los fiscales removidos de la investigación. También remarcaron que el senador mintió a la Justicia al declarar que había conocido a Peiti en 2020. La evidencia expuesta indica que se comunicaban reiteradamente desde 2017. Pero que en realidad se habían conocido en 2015 y que los presentó el entonces secretario legislativo del Senado Ricardo Paulichenco.
Los fiscales señalaron que Traferri se encargó de gestionar para Peiti, cuando estaba en prisión preventiva, una internación en una clínica psiquiátrica. Adujeron que destinó subsidios que tenía como senador a pagar a dos psiquiatras para dictaminar la necesidad de que quedara internado en una clínica. “En base a esos informes se concedió una morigeración de prisión para Peiti en la clínica residencial Mendoza”, indicaron los acusadores.
Fuente: La Política Online
