Las retenciones se aplican por igual sin importar ubicación geográfica, costos ni limitantes por infraestructura. Esa matriz impositiva uniforme golpea de forma directa a la producción con vocación exportadora. Esta región de la provincia se ve afectada de manera especial por el gravamen.
A casi un mes de haber adherido a un comunicado conjunto con sus pares de otros puntos de la provincia para expresar la disconformidad ante la decisión del gobierno nacional de mantener, e incluso incrementar, los derechos de exportación, la Cámara de Comercio Exterior del Norte Santafesino volvió a expedirse en contra de esa matriz impositiva.
La entidad que nuclea a la industria con perfil exportador de General Obligado, Vera y 9 de Julio calificó como “fundamental” el hecho de entender que las retenciones se aplican “a todos por igual”, sin importar la localización de producción, cuando “es evidente que las empresas del norte de la provincia enfrentan estructuras de costos y limitantes para la actividad muy diferentes”.
Son, definió la CCENS, “desventajas estructurales” con respecto a otras regiones de la provincia en materia energética, acceso a puertos, distancias de las grandes capitales y rutas en mal estado, entre otras.
Con certeza, el colectivo empresario afirmó que su visión de país es coincidente con la que expresa la gran mayoría de los argentinos respecto a que “la salida de la crisis estructural que acarrea nuestro país es por el lado de la exportación con valor agregado”. Pero, advirtió que “claramente la imposición de gravámenes de este tipo va en contra de lo que se debe hacer en ese sentido”, y mucho más cuando se hacen “sin considerar las desventajas evidentes” de ciertas regiones como el norte de la provincia de Santa Fe.
En su exposición, dijo que son muy bien recibidas las expresiones que tratan sobre la eliminación, o en su defecto, reducción de los derechos de exportación que “tanto perjudican a las empresas con vocación exportadora”, y que adicionalmente a los altos costos de producir en Argentina, y en particular en el interior, “soportan sobre sus espaldas las empresas de la región, especialmente las Pymes”.
Los Derechos de exportación representan un gravamen que el Estado nacional aplica sobre las exportaciones: es un impuesto más que se aplica a toda mercadería que se destina al mercado internacional, sostuvo la Cámara.
Implicancias negativas
Dentro de las implicancias negativas que producen esas retenciones enumeró que se aplican sobre la facturación o precio de venta “sin tener en cuenta ninguna variable previa como costos, volumen, gastos o rinde”. Y lo más importante: sin determinar si efectivamente hubo ganancias o utilidades, ni su cuantía.
Paralelamente, citó que ese canon es generador de una disminución de los incentivos al “afectar negativamente la rentabilidad del productor” en el caso de productos agropecuarios, o del fabricante.
Asimismo, las empresas con menor nivel de escala -Pymes, habitualmente las que más contribuyen al nivel de empleo general- se ven más afectadas ya que les imposibilita ofrecer, a nivel internacional, más opciones de productos, estimó.
Otro de los puntos citados es la falta de previsión de las alícuotas ante cada cambio de Gobierno o incluso dentro del mismo que afectan contratos previos con clientes del exterior, con precios ya fijados, y especialmente decisiones de inversión para nuevos desarrollos.
Esa falta de continuidad en el tiempo, más el incumplimiento de contratos, hace que el país y sus empresas “pierdan clientes del exterior, que en muchos casos llevaron años desarrollarlos y el costo de recuperarlos requiere una labor que no siempre es exitosa”, concluyó la CCENS en su informe.
