En la audiencia celebrada en la mañana de el jueves 10 de agosto, en la sala de audiencias de la OGJ, la jueza resolvió hacer lugar al pedido de la Fiscalía y de la Municipalidad de Reconquista, por lo que dispuso ordenar el desalojo del inmueble ocupado por algunos ciudadanos de manera clandestina.
En el comunicado se informó que “el fiscal Dr. Juan Sebastián Marichal, el día 4 de agosto, solicitó el desalojo de la ocupación de un predio público que lleva a cabo un grupo de personas».
«Previo a la petición de desocupación requerida, el Ministerio Público de la Acusación ha convocado – en dos ocasiones – a audiencias de mediación con la finalidad de que, a partir de un proceso de diálogo y comunicación entre las partes en conflicto, se pueda arribar a una adecuada solución. Habiendo fracasado esta instancia, el fiscal (conforme los Art.205 y 207 del CPPSF), peticionó el cese del obrar antijurídico, dado que la continuidad de la situación no solo está reñida con las disposiciones legales vigentes, sino que se está impidiendo la ejecución de obras previstas conforme las pruebas acompañadas por el Municipio», agregaron.
En la misma línea, comunicaron que «la Municipalidad de Reconquista compareció con su representante legal, Dr. Andrés Ghio, y el funcionario Lic. Nicolás Sandrigo. Los representantes del ente público adhirieron a lo peticionado por Marichal, expresando que la actual situación está causando un perjuicio grave al no poder avanzar con obras esenciales ya contratadas para la urbanización del predio, además de constituir un freno al proceso de adjudicación de lotes».
Por último, sostienen que: «La jueza de la IPP dispuso que, diariamente y hasta el 18 de agosto de 2023, a las 13 horas, personal a cargo de la URIX deberá proceder a dar aviso y conocimiento en el lugar, mediante uso de dispositivos ampliadores de voz de lo ordenado, de lo contrario se procederá al desalojar, bajo apercibimiento de utilizar la fuerza pública».
