Por falta de pago, proveedores habían dejado de entregarle mercadería a las cárceles de la provincia. El problema se solucionó a principios de mes, pero hoy la justicia citó a una audiencia. En Santa Felicia la situación fue y es normal.
Según publica hoy el diario El Litoral, lo decidieron en julio, ante los plazos vencidos correspondientes a abril y mayo.
“Ello resintió la cantidad y calidad de raciones distribuidas a los internos. También dejó de entregarse harina al IAPIP, por lo que se interrumpió la elaboración de pan. Denuncias de los internos, Hábeas Corpus del Ministerio Público de la Defensa y promesa del Ejecutivo de regularizar la situación”, consignó el rotativo en su edición digital, en una nota firmada por la periodista Ivana Fux.
Funcionarios del Servicio Penitenciario provincial y autoridades del Ministerio Público de la Defensa (MPD) fueron convocados por la Justicia para participar este martes de una audiencia en la que se discutirán las condiciones y calidad del régimen alimenticio que reciben los internos alojados en las cárceles de Santa Fe. Ello deriva de un Hábeas Corpus (HC) correctivo y colectivo presentado la semana pasada por la Defensora General, Jaqueline Balangione, a raíz de una “disminución ostensible tanto en la calidad como en la cantidad” de las raciones diarias de los reclusos; y con ello, de un “agravamiento en las condiciones de detención”.
El texto del HC, que hace reserva de eventuales presentaciones en tribunales superiores y Corte Suprema de la Nación, insiste en plantear que la deficiencia en la alimentación implica un “agravamiento en la forma y condiciones en que se cumple una condena”.
Como sustento fáctico, da cuenta de una serie de entrevistas realizadas en diferentes penales tanto con internos como con agentes penitenciarios, después de una serie de denuncias recibidas de parte de los familiares. Los internos hablaron allí de una “mengua de productos panificados y alimentos perecederos, lo cual afectó la alimentación y también la convivencia”.
Y los propios guardiacárceles dijeron que habían visto “recortadas sus provisiones”. Como denominador común, surgió de los testimonios recogidos que la alimentación que venían recibiendo se había visto “drásticamente reducida y afectada tanto en su cantidad como en su calidad y variedad”. Además de reclamar la corrección inmediata en la entrega de las raciones, la defensora planteó también en el recurso presentado que para “subsanar” la vulneración de derechos descripta, se reintegraran las visitas semanales.
A inicios de julio, los proveedores de los víveres que se utilizan a diario para la elaboración de esas raciones decidieron dejar de entregar mercadería al Servicio Penitenciario “por falta de pago”. Según precisa el informe oficial, estaban vencidos los pagos “de abril y mayo”; ante el incumplimiento y frente a una situación incierta por la coyuntura económica, los proveedores plantearon que se les hacía “imposible seguir trabajando”. Frente a ello, lo que hizo el Servicio fue “realizar ajustes” sobre el stock de mercaderías que quedaba en las Unidades; se “modificaron” los menúes establecidos y se continuó brindando el servicio pero, claramente, con la afectación denunciada por los internos.
En el informe del Servicio, se aclara que a principios de julio, el Poder Ejecutivo firmó los decretos respectivos para liberar los pagos pendientes a los proveedores. A partir de ello, la situación tendería a normalizarse.
Desde el Servicio Penitenciario admitieron que el servicio se vio temporalmente resentido por una suspensión de entrega de mercaderías a causa de demoras en los pagos, pero que la situación se normalizó a principios de este mes.
InfoVera se comunicó con la dirección de la Unidad Penal 10 de Santa Felicia, desde donde aseguraron que el conflicto no afecta a esa dependencia del Servicio Penitenciario. “Se trabaja con normalidad y sin ningún tipo de inconvenientes”, afirmaron, con lo cual la provisión y entrega de raciones para la población penal y el cuerpo de empleados penitenciarios es de absoluta normalidad.
