Por Cristina Fernández de Kirchner (*).
Hace ya varias semanas desde los medios de comunicación hegemónicos, los sectores del poder real en la Argentina y, crease o no -según pude leer en letra de molde-, también desde el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los brokers de Wall Street, se especula con “el silencio de la vicepresidenta” y su posición respecto de un posible acuerdo con el FMI por los 57.000 millones de dólares que pidió el gobierno de Mauricio Macri en el año 2018, de los cuales se alcanzó a desembolsar en menos de un año, la bonita suma de 44.500 millones de dólares.
Se preguntan “¿qué va a hacer Cristina respecto de esta cuestión?”. Sólo para reflejar el grado de confusión que se pretende instalar, elijo al azar uno de los titulares que se han publicado: “El FMI, la lapicera de Cristina Kirchner y la disputa que recrudece de Alberto Fernández con la vicepresidenta” (SIC).
Sin embargo, la actitud más curiosa proviene de la coalición opositora que ha ganado, a nivel nacional, las elecciones parlamentarias celebradas el 14 de noviembre pasado. Declaraciones como “no vamos a decir nada del acuerdo con el FMI hasta que Cristina no opine” son moneda corriente en portales, programas de TV y redes sociales.
¿En serio que los mismos y las mismas que trajeron de vuelta el FMI a la Argentina, reiniciando el ciclo trágico de endeudamiento que Néstor Kirchner había clausurado en el año 2005, hoy no se hagan cargo de nada?
¿En serio que los mismos y las mismas que recorrieron el país y los canales de televisión recitando el mantra “hay que quitarle la mayoría a Cristina en el Senado para que el Congreso no sea una escribanía del gobierno”, ahora quieren que “Cristina defina si el acuerdo con el FMI está bien o está mal”?
¡Vamos! ¡Por favor! La política debe dejar de ser sólo un show para la televisión. A partir del 10 de diciembre de este año y por primera vez desde 1983, con el advenimiento de la democracia, el peronismo no tendrá quórum propio en la Cámara de Senadores de la Nación.
Cuando se busca el voto popular en elecciones libres y sin proscripciones se debe ejercer la responsabilidad de esa representación. Más aún, cuando se han ganado las elecciones. ¿O para qué quieren las bancas? ¿Para cobrar la dieta? ¿O tal vez para viajar al exterior con pasajes gratis y viáticos en dólares? ¿Para posicionarse de cara al 2023?
Debo confesar que no me sorprende la irresponsabilidad política de la oposición. La historia de nuestro país está plagada de fuerzas políticas que llegaron al gobierno diciendo una cosa e hicieron exactamente lo contrario una vez que atravesaron la puerta de la Casa Rosada.
Las leyes y las responsabilidades
El 11 de noviembre del 2020 el Poder Ejecutivo Nacional envió al Senado de la Nación el Proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública. Excelente iniciativa que tuvo como objetivo principal evitar que pudiera repetirse en la historia argentina una experiencia similar a la del gobierno de Mauricio Macri, que nos endeudó en apenas un instante de forma extraordinaria, exorbitante e insostenible sin pasar por el Congreso de la Nación.
Permítanme reproducir textualmente el artículo 2 de aquel proyecto: “Dispónese que todo el programa de financiamiento y operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente.”
19 días después de ingresada aquella propuesta, que contaba con apenas 5 artículos, el Senado de la Nación la aprobó con 65 votos favorables y una abstención. La Cámara de Diputados no se quedó atrás. Con fecha 11 de febrero del 2021, la convirtió en ley -bajo el número 27.612- con 233 votos afirmativos, 2 votos negativos y 2 abstenciones.
Como se podrá observar, surge a simple vista que la totalidad de las fuerzas políticas de ambas coaliciones asumió la responsabilidad de decidir si se aprueba o no, lo que el Poder Ejecutivo negocie y acuerde con el FMI. Todo ello sin perjuicio de que es el titular del Poder Ejecutivo quien lleva adelante las negociaciones en ejercicio de su responsabilidad constitucional en esta materia.
Vale la pena aquí parafrasear y corregir el título al que hiciéramos mención al comienzo de este texto: la lapicera no la tiene Cristina… siempre la tuvo, la tiene y la tendrá el Presidente de la Nación. Y no lo digo yo, lo dice la Constitución Nacional. Que a nadie lo engañen sobre quién decide las políticas en la Argentina.
Argentina, como el resto del mundo, fue y sigue atravesada por la pandemia y los riesgos de una mutación y retorno permanentes. Nuestro país además, tiene el peso inédito de una deuda también inédita con el FMI. Es un momento histórico de extrema gravedad y la definición que se adopte y se apruebe, puede llegar a constituir el más auténtico y verdadero cepo del que se tenga memoria para el desarrollo y el crecimiento CON INCLUSIÓN SOCIAL de nuestro país.
¡Y ojo! Que nadie está hablando de desconocer deudas. Creo que el kirchnerismo (y permítanme utilizar el “ismo” para de algún modo homenajear la formidable gestión de quien fuera mi compañero de vida e identificar un proceso político del peronismo) tiene un atributo histórico que es el de haber pagado las deudas que generaron otros gobiernos.
Basta recordar una vez más la cancelación de la deuda con el FMI llevada a cabo por Néstor Kirchner, así como también la reestructuración de deuda llevada a cabo en 2005 y en 2010 con acreedores privados, con la quita más grande de capital e intereses de la que se tenga memoria.
He sido legisladora nacional desde el año 1995 hasta el año 2007, cuando fui electa por primera vez como Presidenta de la República Argentina. Me tocó vivir como ciudadana, al igual que todos los argentinos y argentinas, momentos muy difíciles y como Senadora y Diputada nacional tener que votar en situaciones de gravedad institucional sin precedentes.
Y siempre voté de acuerdo a mis ideas y convicciones, lo que no pocas veces me deparó algún que otro inconveniente. Hoy, como marca la Constitución y la ley 27.612, no es Cristina… son los y las 257 diputados y diputadas y 72 senadores y senadoras quienes tienen la responsabilidad legal, política e histórica de aprobar o no cómo se va a pagar y bajo qué condiciones la deuda más grande con el FMI de todo el mundo y de toda la historia.
También he sido Presidenta de la Nación por dos períodos consecutivos. En el año 2010, me tocó completar la reestructuración más exitosa de deuda soberana de la que se tenga memoria realizada, paradójicamente, por quien fuera el Presidente que con menos votos asumiera la primera magistratura en toda la historia argentina. Vaya mi homenaje, una vez más, a tanta capacidad, tanta voluntad y tanto coraje. Cuando como Presidenta me tocó decidir, no cedí a la extorsión de los Fondos Buitre porque ello significaba desconocer los derechos de todos aquellos acreedores externos que de buena fe habían acordado con el Estado argentino en 2005 y en 2010, con consecuencias irreparables para la Argentina. Aún recuerdo cuando en el año 2016, ya con Mauricio Macri en el gobierno, se discutió en el Congreso de la Nación la derogación de las Leyes de Pago Soberano.
Aún retumba en mis oídos el eco de los discursos de algunos compañeros y compañeras legisladoras que votaron en contra de aquella derogación y premonitoriamente sostuvieron que a partir de allí se iba a iniciar un proceso de endeudamiento que indefectiblemente culminaría con la vuelta del FMI a la Argentina. Aunque debo reconocer que ninguno de ellos ni de ellas, como así tampoco quien escribe estas líneas, nunca imaginamos la magnitud de lo que iba a suceder.
Tampoco olvido y, además comparto plenamente, el discurso del Presidente de la Nación del pasado 9 de julio en la conmemoración de la gesta de la Independencia en la Casa de Tucumán:
“Todos los días peleo porque la Argentina se ponga de pie, y todos los días peleo contra los que quieren ver de adentro a la Argentina arrodillada. Y no paro, y sigo, y acordamos con los acreedores privados, estamos negociando con el Fondo. ¿La Argentina sabe que este año, de acá a fin de año, tenemos compromisos por casi 5 mil millones de dólares que afrontar con el Fondo, tomado por un gobierno que asumió ese compromiso hace dos años atrás? ¿La Argentina lo sabe? Y además me reclaman que arregle rápido. Mi modelo no está en los que mandan balas de goma a Bolivia. Mi modelo sigue siendo San Martín, Güemes y Belgrano. Nunca esperen de mí que firme algo que arruine la vida del pueblo argentino, nunca, nunca. Y espero que me entiendan, porque si alguien espera que yo claudique ante los acreedores o que claudique ante un laboratorio, se equivoca. No lo voy a hacer. Antes me voy a mi casa, porque no tendría realmente cara para entrar en esa sala si hiciera algo semejante”
Que Dios y la Patria los ilumine a todos y todas. Los argentinos y las argentinas lo necesitamos.
(*) Vicepresidenta de la Nación