En apenas unos minutos, la sesión conjunta de ambas cámaras de la Legislatura santafesina votó la remoción del cargo de fiscal adjunto del Ministerio Público de la Acusación a Rodrigo Germán González, además de imponerle una inhabilitación por diez años y la prohibición de ingresar a las oficinas del MPA.
Tras la verificación del quórum de cada cuerpo deliberativo y la lectura del dictamen por unanimidad de la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa, presidida por el diputado radical Fabián Bastia, se contaron 12 votos afirmativos del Senado y otros 40 de Diputados.
González fue apartado del MPA por “mal desempeño en sus funciones”, de acuerdo con lo que disponen varios artículos de la Ley 13.013 que regula el trabajo de los fiscales y del órgano de la Acusación.
La denuncia fue presentada por su superior, el fiscal regional Rubén Martínez, sobre “la desaparición de expedientes y retención de dinero de juicios a prueba que se encontraban en su custodia”.
El presidente provisional de Cámara de Senadores, Rubén Pirola (PJ-Nes-Las Colonias), presidió la sesión conjunta ante la licencia sin goce de haberes de la vicegobernadora Alejandra Rodenas, por su candidatura a senadora nacional.
Antecedentes
En marzo pasado, González había sido suspendido, con una reducción de su salario del 50%. Esa medida disciplinaria provisoria correspondía a un proceso en el Poder Legislativo, iniciado hace ya más de cinco meses, con la diputada provincial María Laura Corgniali (PS), en el rol de acusadora. Tanto aquella decisión como la actual se tomaron por unanimidad.
Sin embargo, el trabajo del fiscal adjunto González está en observación en la Legislatura desde hace más de tres años y medio. Incluso en diciembre de 2018 fracasó otra sesión especial conjunta (producto de otro expediente anterior) en la que Acuerdos había propuesto dictarle también una medida disciplinaria. Aquella vez, fue el bloque mayoritario del peronismo en el Senado el que impidió el quórum. Este año, en cambio, hubo un completo acuerdo de todos los sectores políticos que componen ambos cuerpos.
El titular de Acuerdos, indicó a El Litoral que hubo un solo despacho para el caso del fiscal adjunto González, destacó que el integrante del MPA encartado ha contado con las debidas oportunidades para llevar adelante su defensa y destacó la labor de su par acusadora, la diputada Corgniali.
En 2018, un superior de González en el MPA presentó una denuncia en su contra por “la desaparición de expedientes y retención de dinero de juicios a prueba que se encontraban en su custodia”.
En febrero de 2019 González fue imputado por el delito de “amenazas coactivas” mientras se lo investigaba por los hechos sobre los que no había avanzado el Legislativo.
Desde adentro
Aquella investigación, dentro del propio MPA fue iniciada hace tres años. El fiscal general Jorge Baclini dispuso que Alejandro Sinópoli, fiscal regional de la Circunscripción Judicial de Venado Tuerto llevara adelante las actuaciones.
Ese año, respecto del “manejo irregular de fondos” el fiscal González dijo: “puedo reconocer de mi parte un error quizás funcional de no haber hecho el depósito más inmediatamente, pero está firmado el acto de lo que yo cobré… reconozco que fue una desprolijidad de mi parte”, y aseguró que lo había comunicado a sus superiores.
El caso escaló en su gravedad y finalmente fue removido del cargo ante las evidencias de que había colaborado con el juego ilegal.
Proceso
La Sesión Especial Conjunta de ambas Cámaras requiere de mayorías más exigentes que la Asamblea Legislativa. En el primer caso sesionan los dos cuerpos a un mismo tiempo, mientras que en el segundo simplemente se suman sus integrantes. Así, para una sesión conjunta se requiere entonces que cada Cámara tenga los números necesarios para sesionar y quórum por separado. En cambio, una Asamblea Legislativa puede llegar al quórum con presentes de una y otra Cámara. Obviamente, en el primer caso ambas tienen el mismo peso. En el segundo, por el contrario, es Diputados quien tiene las riendas.
Repudio
Con el acuerdo de todos los sectores con representación política en la Legislatura, la sesión de ambas cámaras aprobó una declaración frente a la balacera del miércoles 18 en el Centro de Justicia Penal de la ciudad de Rosario.
El texto fue presentado por el presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Pablo Farías y votado por unanimidad.
Entre otros conceptos, el Poder Legislativo de Santa Fe “reafirma su compromiso” con “los jueces y fiscales” y expresa su condena y rechazo “contra todo tipo de amedrentamiento del Poder Judicial, instando al gobierno provincial a que garantice a través de Ministerio Seguridad el normal funcionamiento la Justicia”.
