El organismo criticó los enfrentamientos políticos y las especulaciones. Y rechazó entrometimientos en sus funciones. Dijo que se procurará la resolución pacífica del conflicto.
En un contexto en el cual 816 personas fueron y están siendo identificadas por usurpar terrenos privados de barrios de la periferia de Reconquista, el Ministerio Público de la Acusación dio a conocer en la tarde de este miércoles un documento con marcadas críticas a la clase política, que por ahora solo atina a cruzar acusaciones mientras no deja de mirarse el ombligo.
El organismo provincial, cuyos fiscales llevan adelante las investigaciones para determinar responsabilidades penales en las tomas de tierras, se expidió frente a los hechos que son de pública notoriedad, ocurridos en la ciudad de Reconquista, y que tienen relación con la afectación del derecho de propiedad de distintos vecinos de la ciudad.
En ese sentido, aseguró que “no escapa a nuestra compresión la cuestión social imperante y la situación de vulnerabilidad y riesgos de quienes realizan estos actos”, pero también “no podemos dejar de visualizar especialmente la situación de las víctimas que sufren un despojo”, así como la existencia de normas imperativas que tipifican las conductas como delitos.
Seguidamente, señaló que los hechos han generado “enfrentamientos políticos y distintas especulaciones”, las que, aclaró, no forman parte de sus actuaciones. “Instamos a quienes tiene responsabilidades gubernamentales a actuar con la seriedad del caso, evitando confundir a la población especialmente vulnerable”.
Paralelamente, amonestó que “en ese aspecto, no resulta positivo requerir públicamente que el MPA se abstenga a actuar nada menos que frente a un delito o, lo que es peor, entrometerse en nuestras funciones, aleccionando sobre quien /es eran o no los responsables de los hechos”.
Entuertos sociales
Como gestor de los conflictos penales, el MPA garantizó que su obrar estará orientado a la “resolución pacífica con la finalidad de restablecer la paz social”, y subrayó que su actuación estará enmarcada en que el derecho penal constituye el último recurso del ordenamiento jurídico global, tendiente a solucionar entuertos sociales que afectan ciertos bienes, valores o intereses especialmente significativos de la comunidad.
En cuanto a la usurpación, hizo docencia al detallar que se trata de es un delito previsto en el Código Penal, que establece que será reprimido con prisión de seis meses a tres años y la conducta está configurada por aquel que “despojare a otro”, “total o parcialmente” la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho sobre él, utilizando “violencia, amenazas, engaños, abuso de confianza o clandestinidad”.
Luego, puso de manifiesto que está interviniendo desde el 10 de junio de 2021, momento en que se precipitaron los hechos en uno de los inmuebles usurpados, y recordó que se han realizado detenciones, se hicieron audiencias imputativas y de medidas cautelares resolviéndose la prisión preventiva de los imputados, amén de que se sigue investigando cada uno de los hechos suscitados.
Además, resaltó que los fiscales actuantes también se han contactado de manera permanente con los organismos locales y provinciales para establecer una metodología de trabajo con distintos operadores, tal como lo establecen los protocolos vigentes: “A cada institución se les remitió copias de dichos protocolos. Desde un primer momento abordamos interdisciplinariamente el conflicto penal con los organismos gubernamentales”.
