Dr. Oscar Martínez*
Como todos sabemos, el proceso inflacionario en nuestro país lleva muchos años de una constante intensificación. Sin amimo de señalar a nadie con el dedo, entre 2015 y 2019 Argentina se pasó de tener un salario promedio de quinientos ochenta y nueve dólares en noviembre de 2015 a doscientos veintiún dólares en agosto de 2019. Esto ha impactado brutalmente en el poder adquisitivo de la población, especialmente en la clase trabajadora y en los jubilados y pensionados.
Lo mismo ocurrió en materia de consumo, los productos de la canasta básica de alimentos tuvieron en ese período un enorme desfasaje entre los aumentos que experimentaron y los ingresos de la población. Sólo a modo de ejemplo, en diciembre de 2018 los salarios aumentaron un 30,26% mientras que los productos de la canasta básica de alimentos subieron un 49%. Y se produjo una transferencia directa de los ingresos de los argentinos y las argentinas a las empresas prestadoras de servicios públicos. De hecho, en julio de 2017 los salarios aumentaron un 25 % contra un 45 % de los servicios y en diciembre del mismo año, los salarios aumentaron un 25 % contra un 131 % de los servicios. En el caso de la Empresa Provincial de la Energía desde el 2016 al 2021 se observó un aumento del 433%. Asimismo, en julio de 2018 hubo treinta puntos porcentuales de diferencia entre uno y otro -51% de aumento en las tarifas y 20% de aumento en los salarios- y en diciembre de ese año lo mismo que en julio de 2019 la diferencia fue del 18%.
En economía hay una máxima: a mayor inflación, mayor dispersión de precios. Así, cuando se superan los 25 puntos de inflación se pierden los precios de referencia, a punto tal que cuando eso ocurre, se puede encontrar un mismo producto al doble del valor según el barrio donde uno se encuentre. Y sucede que las tarifas de los servicios públicos son precios de referencia, por lo tanto aumentarlas más allá del incremento de los salarios puede generar un espiral inflacionario ascendente y difícil de frenar -como ya lo hemos visto en nuestro país tantas veces-, o un proceso de transferencia de recursos que afectan al consumo y al sano crecimiento de nuestra economía.
Modificar la matriz que fracasó, evitando empujar la inflación y espiralizando el proceso, significa que se debe establecer un salario por arriba de la inflación y una inflación por encima de las tarifas.
En función de esto, estamos convencidos de que la tarifa de los servicios públicos provinciales deben ser justas y razonables, respetando un equilibrio entre los ingresos de los trabajadores, jubilados y pensionados, la obligación del Estado de cubrir los costos operativos y las necesidades de inversiones para sostener la oferta de servicios indispensable para el crecimiento.
A fin de cumplir con este objetivo hemos propuesto la actualización de tarifas de agua potable y energía eléctrica que no supere en promedio el coeficiente de variación salarial publicado por el INDEC (aumento promedio de salarios). Asimismo proponemos que las actualizaciones se realicen en tramos y coincidan con los segmentos de actualización acordados por la provincia con las entidades gremiales representativas de los trabajadores estatales, y que la aplicación de estos parámetros tengan efectos retroativos al 1 de enero del presente año.
Reconocemos el esfuerzo que está llevando a cabo el gobierno provincial y somos conscientes de que las tarifas están congeladas desde hace 26 meses. Pero, y más aun en tiempos de pandemia, no podemos repetir errores del pasado que impliquen construir desde las tarifas precios de referencia, que terminen impactando sobre la inflación y el alicaído bolsillo de los santafesinos y las santafesinas.
*Abogado. Diputado provincial del Frente Renovador-PJ
