La hizo mediante un alegato presentado ante el juzgado del concurso preventivo en un audiencia celebrada hoy. Reclamó además la remoción de todo el directorio del grupo. Acusó a los directivos de obrar con deslealtad. Denuncias, futuro de la compañía y falta de plan.
A través de un alegato presentado por la Inspección General de Personas Jurídicas, el gobierno provincial ratificó su pedido de intervenir Vicentin SAIC y remover a todo el directorio del grupo agroindustrial concursado por 1.350 millones de dólares.
Fue en una audiencia por Zoom convocada para este lunes por el juez Civil y Comercial, Fabián Lorenzini, para que las partes se expidieran sobre las pruebas obrantes y fijaran su posición, previo a resolver si hace lugar o no al planteo oficial.
En el escrito presentado, La IGPJ señaló que la intervención judicial demandada debe ordenarse y dijo que la misma consiste -por definición- en la “separación de los actuales integrantes del directorio y la designación de un interventor”, con indicación de funciones y plazo.
Esa petición fue fundamentada con razones “debidamente acreditadas”, que demuestran un “obrar que dista de los imperativos legales de lealtad y diligencia y un indudable compromiso del interés público”.
Más adelante, la Inspección mencionó que desde el inicio del proceso se sucedieron otras circunstancias que “reafirman la necesidad de remover a quienes integran el órgano de administración”, tales como que varios directores se encuentran inhibidos por decisión del Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal Número 10 de la ciudad de Buenos Aires.
Paralelamente, apuntó: “Como se probó con copias certificadas emitidas por el Registro General, apenas conocida la insolvencia muchos de sus integrantes (incluido el presidente) enajenaron sus bienes”.
En tal sentido, sopesó que “el estándar del leal buen hombre de negocios exigido por el artículo 59 de la ley general de sociedades no se compadece con este obrar, afectado deliberadamente la garantía de su responsabilidad por mal desempeño”.
Trajo a colación que también se promovieron nuevas causas penales, tanto por denunciantes particulares cuanto por Administración Federal de Ingresos Públicos, y que existen causas penales en la justicia ordinaria de esta circunscripción (a quien el Tribunal envió los antecedentes) y en el Juzgado Federal de Reconquista, en este caso varias.
“No termina en Uruguay”
Y acompañó el alegato con las constancias de una denuncia por lavado de activos, conocida a través del oficio que, con firma digital, remitiera a la IGJP el fiscal federal Roberto Salum. “Del escrito de denuncia, que acompañó al oficio, surge un entramado societario muchísimo más amplio” del denunciado, que “no termina ya en Uruguay, sino que alcanza a varios países”, aseveró.
Más aún, reveló que los “acreedores extranjeros iniciaron un proceso de discovery con graves imputaciones, cuyo contenido obra en el expediente del concurso” con “información lapidaria”.
A esa altura, la IGPJ que representa al gobierno provincial, enfatizó que “el directorio ni siquiera ha cumplido con el más elemental deber de información, que es la elaboración de memoria y balance”, para exponer enseguida que resulta “particularmente elocuente” la presentación de la consultora KPMG, que se desligó de la tarea de auditoría exteriorizando desconfianza, incluso con la percepción de su retribución. La Inspección se permitió ironizar: “Conocido es el dicho vulgar para aludir a alguien sin crédito: ‘no le fía ni el contador’. Aplica al caso”.
En otro párrafo denunció que “hubo ocultamiento en torno de la verdadera composición del grupo societario, con relaciones mucho más complejas que las denunciadas y con la utilización de triangulaciones a través de compañías off shore”.
“Lo más significativo es que la sociedad madre del holding, llamada Vicentín Family Group (cuya existencia no se había mencionado, sino que la concursada la aludió recién cuando contestó la demanda de intervención), es una compañía uruguaya que no se encuentra inscripta en el Registro Público, como manda el artículo 123 de la ley general de sociedades, constituyendo ello una irregularidad ostensible y muy grave”, aseguró.
Más grave, apreció la IGPJ, es que la situación productiva y financiera de la compañía “no brinda los márgenes necesarios para atender al pasivo concursal”, y que parece estar subsistiendo “mediante operaciones de terceros que le permiten conformar un fondo de maniobra para cumplir con las obligaciones que su reducido giro genera”.
“Haciendo la plancha”
El ente que tiene a su cargo el control de sociedades se preguntó por el pasivo concursal al advertir que, con esos números, ni siquiera hubiesen podido cumplir con el APE (Acuerdo Preventivo Extrajudicial). “Quienes llegaron a esa situación y hoy pretenden continuar con su manejo son las mismas personas: los integrantes del actual directorio”, fustigó.
“Los informes de SIGEN son lapidarios. En definitiva, una administración desordenada y poco profesional para una empresa de semejante magnitud. Y así, ¿va a continuarse operando con contratos de fasón, sin producción propia, con una capacidad ociosa mayor al 50 por ciento? El tiempo transcurrido desde la promoción de la demanda ha demostrado que no se progresó, que se continúa haciendo la plancha”, descerrajó, en forma fulminante.
Ante la pregunta acerca de si tiene futuro la compañía en esas condiciones, la IGJP respondió: “Claramente, es necesario desplazar a quienes no sólo la han puesto en esta situación, sino que continúan con una administración carente de un plan de saneamiento, de allí que no pueda esperarse más -ya demasiado tiempo ha pasado y ha significado desmedro- para intervenir la sociedad”.
Por último, insistió con que “hay un compromiso del interés público en la preservación de esta empresa, que – unido a la acreditada falta de buen desempeño por parte de los integrantes del directorio – impone la intervención”.
Acreedores
La IGPJ recordó que los integrantes del Comité Provisorio de Acreedores se expresaron mediante dos escritos. El del 24 de julio, presentado por los representantes de los trabajadores aceiteros y algodoneros y el Banco de la Nación Argentina, que apoya la intervención y pone de resalto la necesidad de contar con la herramienta del fideicomiso de acciones.
El 27 de julio se expidieron los bancos internacionales y la Asociación de Cooperativas Argentinas para cuestionar el obrar del directorio y destacar que la intervención debía requerir de un gerenciamiento profesionalizado.
PRUEBAS SUFICIENTES
El secretario de Justicia de la provincia, Gabriel Somaglia, expresó al concluir la audiencia que “la provincia ratifica el pedido de intervención porque las pruebas reunidas son más que suficientes. El resto de las partes sostuvieron sus elementos de defensa. Esta etapa de alegato se da dentro del incidente donde la provincia hizo la solicitud de intervención, luego cada una de las partes respondió, se produjeron las pruebas, y hoy todos opinamos sobre si las pruebas reunidas son suficientes para atender a la defensa o a la petición de la provincia. En nuestro caso, creemos que todo lo expedido es más que suficiente”.
