Se habla de un “asesoramiento integral” respecto de las consecuencias administrativas que el proceso penal o contravencional pudiese generar para el agente imputado. La fundamentaci\u00f3n es brindar “un mayor respaldo” a labor de los efectivos.<\/p>\n
Con el argumento de brindar “un mayor respaldo” a la instituci\u00f3n policial atento a “la especial situaci\u00f3n social y laboral” a la que se enfrenta, el Jefe de la Polic\u00eda provincial dispuso que todo agente que est\u00e9 imputado en una investigaci\u00f3n, podr\u00e1 contar con el asesoramiento de los letrados de las diferentes Unidades Regionales. Seg\u00fan consta en la resoluci\u00f3n del 19 de junio firmada por el comisario Luis Maldonado, “todo personal policial imputado en un proceso penal o contravencional”, podr\u00e1 solicitar “asesoramiento integral” a los abogados de la instituci\u00f3n, respecto de “las consecuencias administrativas de la causa judicial en la que se encuentra involucrado”.<\/p>\n
“La propia resoluci\u00f3n advierte que por decreto del Poder Ejecutivo (Nro. 461\/14), existe una “incompatibilidad expresa” para que el personal profesional de la instituci\u00f3n pueda intervenir asesorando a polic\u00edas imputados en procesos penales y contravencionales; es por ello que los agentes involucrados deben designar un abogado particular. Pero seg\u00fan el Jefe de Polic\u00eda, eso “no impide que cada \u00f3rgano de asesoramiento letrado de las Unidades Regionales, brinde asesoramiento” sobre las consecuencias administrativas que puedan derivar de dichos procesos judiciales. De esa forma, se plantea, el funcionario policial investigado “tendr\u00e1 un conocimiento global del proceso judicial y de la situaci\u00f3n administrativa”.<\/p>\n
Procedimiento<\/p>\n
Seg\u00fan consigna la resoluci\u00f3n, tal solicitud deber\u00e1 efectuarse “de forma personal o mediante un representante legal con facultades suficientes, ante el \u00f3rgano jur\u00eddico correspondiente”.<\/p>\n
En el segundo art\u00edculo de la resoluci\u00f3n se dispone que el profesional jur\u00eddico de la repartici\u00f3n policial que lleve a cabo el asesoramiento del polic\u00eda imputado, “deber\u00e1 excusarse para intervenir en las actuaciones administrativas que se le sigan al agente imputado, a los fines de evitar futuras nulidades. Los letrados a los que podr\u00e1 apelar el personal policial investigado ser\u00e1n tanto aquellos que se desempe\u00f1en en las Unidades Regionales, como en las Direcciones y dem\u00e1s Unidades de Organizaci\u00f3n que integren la Polic\u00eda de la provincia.<\/p>\n
Fundamentos<\/p>\n
En los considerandos de la resoluci\u00f3n, se repara en que la delincuencia en la provincia “ha aumentado en el n\u00famero de hechos cometidos, pero tambi\u00e9n en la gravedad de los delitos que se cometen”, as\u00ed como en “alta peligrosidad de quienes delinquen”. Ello, plantea el escrito, “obliga a contar con una polic\u00eda capacitada y respaldada en el ejercicio de sus funciones, a fin de sentirse resguardada a la hora de tener que afrontar las diferentes situaciones que en su trabajo cotidiano se les pueda presentar”.<\/p>\n
En la misma l\u00ednea, se acota que en ocasiones, “en pos de cumplir la misi\u00f3n de mantener el orden p\u00fablico y prevenir el delito, el personal policial puede resultar inmerso en una investigaci\u00f3n penal, donde se determine si su actuaci\u00f3n se encuentra dentro del marco legal y de las competencias que le son propias seg\u00fan la ley”.<\/p>\n
El ultimo p\u00e1rrafo sostiene que la decisi\u00f3n de garantizar el asesoramiento en cuesti\u00f3n responde, como se plante\u00f3 inicialmente, “a la especial situaci\u00f3n social y laboral actual a la que se enfrenta el funcionario policial, que hace merecedora de un mayor respaldo en su labor por parte del Estado y la instituci\u00f3n policial, inmiscuy\u00e9ndose en dichos procesos a fin del acompa\u00f1amiento debido”.<\/p>\n
Fuente: El Litoral<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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